LatinoCurioso
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El gobierno español está dispuesto a solicitar la parte correspondiente a España del anticipo de 45.000 millones de euros que se espera que lleguen a los estados miembros de la Unión Europea (UE) con cargo al presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC) para 2028-2034.
En un intento por convencer a los ministros de Agricultura de los Veintisiete para aprobar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ofreció este adelanto con cargo al PAC. Sin embargo, la Eurocámara decidió meter este tratado en el congelador solicitando un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su compatibilidad o no con los acuerdos fundacionales de la UE.
Las principales organizaciones agrarias, como Asaja, COAG y UPA, han expresado su satisfacción con el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, aunque todavía hay varias incógnitas. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ha confirmado que el gobierno español está dispuesto a solicitar la parte correspondiente al campo, estimándola en alrededor de 4.000 millones de euros.
Villafranca también ha recordado que hay "dudas" sobre el destino final del resto de los 40.000 millones que corresponden al 10% reservados como reserva para una lectura intermedia de la PAC. Estas dudas se deben a la necesidad de garantizar que se destinen a actividades en las zonas rurales que tienen que ser agricultura, ganadería e industria agroalimentaria.
Otras organizaciones agrarias han expresado su oposición al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha exigido que se pongan "encima de la mesa las cláusulas de salvaguardia" incorporadas al tratado comercial, como el reforzamiento de los controles en frontera y las auditorías en terceros países.
Los máximos responsables de COAG y Unión de Uniones también han criticado el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha dicho que la votación de este miércoles en la Eurocámara "supone que el tratado no debería entrar en vigor", a menos que se busquen alguna triquiñuela.
En general, parece que las organizaciones agrarias españolas están divididas sobre la política comercial con Mercosur. Por un lado, hay aquellos que ven los beneficios del acuerdo comercial y están dispuestos a trabajar con él, como el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca. Por otro lado, hay aquellos que están preocupados por la competencia desleal que supone la entrada de muchos productos mercosurinos en el mercado europeo y están solicitando cláusulas de salvaguardia para proteger sus intereses.
En cualquier caso, parece claro que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur no ha sido aprobado por la Eurocámara, lo que significa que su entrada en vigor se encuentra en dudas. El gobierno español tendrá que esperar a ver qué decisione toma el Consejo Europeo para saber si su parte correspondiente al campo estará incluida en el adelanto de 45.000 millones de euros.
En un intento por convencer a los ministros de Agricultura de los Veintisiete para aprobar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ofreció este adelanto con cargo al PAC. Sin embargo, la Eurocámara decidió meter este tratado en el congelador solicitando un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su compatibilidad o no con los acuerdos fundacionales de la UE.
Las principales organizaciones agrarias, como Asaja, COAG y UPA, han expresado su satisfacción con el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, aunque todavía hay varias incógnitas. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ha confirmado que el gobierno español está dispuesto a solicitar la parte correspondiente al campo, estimándola en alrededor de 4.000 millones de euros.
Villafranca también ha recordado que hay "dudas" sobre el destino final del resto de los 40.000 millones que corresponden al 10% reservados como reserva para una lectura intermedia de la PAC. Estas dudas se deben a la necesidad de garantizar que se destinen a actividades en las zonas rurales que tienen que ser agricultura, ganadería e industria agroalimentaria.
Otras organizaciones agrarias han expresado su oposición al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha exigido que se pongan "encima de la mesa las cláusulas de salvaguardia" incorporadas al tratado comercial, como el reforzamiento de los controles en frontera y las auditorías en terceros países.
Los máximos responsables de COAG y Unión de Uniones también han criticado el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha dicho que la votación de este miércoles en la Eurocámara "supone que el tratado no debería entrar en vigor", a menos que se busquen alguna triquiñuela.
En general, parece que las organizaciones agrarias españolas están divididas sobre la política comercial con Mercosur. Por un lado, hay aquellos que ven los beneficios del acuerdo comercial y están dispuestos a trabajar con él, como el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca. Por otro lado, hay aquellos que están preocupados por la competencia desleal que supone la entrada de muchos productos mercosurinos en el mercado europeo y están solicitando cláusulas de salvaguardia para proteger sus intereses.
En cualquier caso, parece claro que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur no ha sido aprobado por la Eurocámara, lo que significa que su entrada en vigor se encuentra en dudas. El gobierno español tendrá que esperar a ver qué decisione toma el Consejo Europeo para saber si su parte correspondiente al campo estará incluida en el adelanto de 45.000 millones de euros.