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En el último año, desde que entró en vigor el Real Decreto 666/2023, la regulación del uso de medicamentos veterinarios ha generado una fuerte controversia entre los profesionales del sector. El decreto, publicado en julio de 2023, busca reforzar el control sobre el uso de antibióticos y otros medicamentos, pero muchos veterinarios consideran que su aplicación se ha traducido en una burocratización excesiva y una desconfianza institucional hacia su criterio profesional.
Según un estudio impulsado por la empresa Gosbi, que ha recogido datos de encuestas a más de 800 profesionales veterinarios, el 73,2% considera que la aplicación del decreto ha convertido en un factor clave de estrés laboral. Además, se han detectado ansiedad, insomnio y síntomas vinculados a la depresión en más del 90% de los participantes.
El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, Rafael Serrano Romero, explica que el decreto ha supuesto un gran cambio en la forma de ejercer la veterinaria en la ciudad. Los profesionales deben informar a través de una aplicación del Ministerio de Agricultura sobre todos los medicamentos administrados, especialmente antibióticos, lo que dificulta la práctica clínica habitual.
"El Real Decreto nos obliga a seguir una 'cascada de utilización' de antibióticos, lo que puede provocar que el animal sufra más y aumente el coste del tratamiento", afirma Serrano. Además, subraya que la norma ha incrementado de forma notable la carga administrativa de los veterinarios, lo que genera frustración y desazón entre muchos profesionales.
En este contexto, el sector veterinario ha comenzado a movilizarse con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca modificar la normativa vigente y devolver a los veterinarios la posibilidad de dispensar medicamentos directamente en sus clínicas. Serrano valora positivamente esta iniciativa y recuerda que cuenta con el respaldo del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y de diversas plataformas profesionales.
"Es una acción importante y necesaria", afirma Serrano. A su juicio, las movilizaciones han hecho que el Ministerio sea consciente de que la norma ha llevado la regulación "a extremos exagerados".
Según un estudio impulsado por la empresa Gosbi, que ha recogido datos de encuestas a más de 800 profesionales veterinarios, el 73,2% considera que la aplicación del decreto ha convertido en un factor clave de estrés laboral. Además, se han detectado ansiedad, insomnio y síntomas vinculados a la depresión en más del 90% de los participantes.
El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, Rafael Serrano Romero, explica que el decreto ha supuesto un gran cambio en la forma de ejercer la veterinaria en la ciudad. Los profesionales deben informar a través de una aplicación del Ministerio de Agricultura sobre todos los medicamentos administrados, especialmente antibióticos, lo que dificulta la práctica clínica habitual.
"El Real Decreto nos obliga a seguir una 'cascada de utilización' de antibióticos, lo que puede provocar que el animal sufra más y aumente el coste del tratamiento", afirma Serrano. Además, subraya que la norma ha incrementado de forma notable la carga administrativa de los veterinarios, lo que genera frustración y desazón entre muchos profesionales.
En este contexto, el sector veterinario ha comenzado a movilizarse con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca modificar la normativa vigente y devolver a los veterinarios la posibilidad de dispensar medicamentos directamente en sus clínicas. Serrano valora positivamente esta iniciativa y recuerda que cuenta con el respaldo del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y de diversas plataformas profesionales.
"Es una acción importante y necesaria", afirma Serrano. A su juicio, las movilizaciones han hecho que el Ministerio sea consciente de que la norma ha llevado la regulación "a extremos exagerados".