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El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un real decreto que regularizará a 500.000 inmigrantes en situación irregular, una medida pactada con Podemos. Estos migrantes podrán beneficiarse de la regularización si cumplen con ciertas condiciones.
Para acceder a esta regularización, los migrantes deben no tener antecedentes penales "relevantes" y estar en España hasta el 31 de diciembre de 2025. También es necesario demostrar una estancia de al menos cinco meses en el país. El número de beneficiarios se cifra entre los 500.000 y los 800.000 personas, según la eurodiputada Irene Montero.
La regularización podrá demostrarse con un certificado del padrón, pero también se pueden acreditar documentos como informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros como luz, agua o teléfono.
La solicitud de regularización se presentará mediante un formulario que podrá registrarse junto con la documentación acreditativa en todos los puntos de registro de la Administración Pública. La particularidad de esta medida es que las solicitudes tendrán efectos inmediatos, lo que significa que solo la presentación de la solicitud implicará la suspensión de los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión.
Además, si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia provisional por periodo de un año, que después podrá prorrogarse conforme al reglamento de extranjería. La particularidad de esta medida es que las solicitudes tendrán efectos inmediatos.
El Gobierno ha anunciado que la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado y establecerá el día concreto de entrada en vigor, aunque desde Podemos sostienen que se aplica de manera "inmediata". La regularización permitirá a los migrantes trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Para acceder a esta regularización, los migrantes deben no tener antecedentes penales "relevantes" y estar en España hasta el 31 de diciembre de 2025. También es necesario demostrar una estancia de al menos cinco meses en el país. El número de beneficiarios se cifra entre los 500.000 y los 800.000 personas, según la eurodiputada Irene Montero.
La regularización podrá demostrarse con un certificado del padrón, pero también se pueden acreditar documentos como informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros como luz, agua o teléfono.
La solicitud de regularización se presentará mediante un formulario que podrá registrarse junto con la documentación acreditativa en todos los puntos de registro de la Administración Pública. La particularidad de esta medida es que las solicitudes tendrán efectos inmediatos, lo que significa que solo la presentación de la solicitud implicará la suspensión de los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión.
Además, si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia provisional por periodo de un año, que después podrá prorrogarse conforme al reglamento de extranjería. La particularidad de esta medida es que las solicitudes tendrán efectos inmediatos.
El Gobierno ha anunciado que la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado y establecerá el día concreto de entrada en vigor, aunque desde Podemos sostienen que se aplica de manera "inmediata". La regularización permitirá a los migrantes trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.