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El Tribunal Supremo se entera esta mañana de los alegatos, argumentaciones e implicaciones que rodean a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien está en el centro del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado acusado de filtrar un correo electrónico que revelaba dos delitos fiscales contra Hacienda.
González Amador, acusado de prevaricación y abuso de poder, no ha tenido más que pronunciar una palabra en la primera jornada del juicio: "No". Su abogada, Consuelo Castro, ha denunciado que el caso se sustenta sobre "hechos probatorios francamente pobres" y que el proceso "no debió llegar nunca a juicio". Por su parte, García Ortiz ha sido acusado de autoridad de los hechos, acusación que él mismo ha desmintido con rotundidad.
El empresario reconoció en su declaración anterior que se enfadó al conocer el contenido del correo y sostuvo que su prioridad era resolver el asunto "rápido y sin ruido" para evitar que salpicara a su pareja. Neira, por su parte, declaró que había informado periódicamente a su cliente y que él estaba al tanto de la propuesta a la Fiscalía.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, será el próximo testigo relevante. Su papel en la difusión del correo electrónico sigue siendo uno de los puntos más polémicos del proceso. El fiscal general está acusado de haber participado en "una operación política" orquestada desde el Gobierno.
La vista se desarrolla ante siete magistrados de la Sala Segunda y el juicio puede tomar un giro inesperado si el testigo revela algo que cambie la dinámica del caso. La acusación pide penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, mientras que la defensa solicita una absolución.
González Amador, acusado de prevaricación y abuso de poder, no ha tenido más que pronunciar una palabra en la primera jornada del juicio: "No". Su abogada, Consuelo Castro, ha denunciado que el caso se sustenta sobre "hechos probatorios francamente pobres" y que el proceso "no debió llegar nunca a juicio". Por su parte, García Ortiz ha sido acusado de autoridad de los hechos, acusación que él mismo ha desmintido con rotundidad.
El empresario reconoció en su declaración anterior que se enfadó al conocer el contenido del correo y sostuvo que su prioridad era resolver el asunto "rápido y sin ruido" para evitar que salpicara a su pareja. Neira, por su parte, declaró que había informado periódicamente a su cliente y que él estaba al tanto de la propuesta a la Fiscalía.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, será el próximo testigo relevante. Su papel en la difusión del correo electrónico sigue siendo uno de los puntos más polémicos del proceso. El fiscal general está acusado de haber participado en "una operación política" orquestada desde el Gobierno.
La vista se desarrolla ante siete magistrados de la Sala Segunda y el juicio puede tomar un giro inesperado si el testigo revela algo que cambie la dinámica del caso. La acusación pide penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, mientras que la defensa solicita una absolución.