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Una de las causas más complejas que ha tenido lugar en Castilla y León ha llegado a su fin: la trama eólica. El juicio que se llevó a cabo desde el 6 de octubre hasta el 21 de enero resultó en un proceso visto para sentencia, lo que significa que la Audiencia Provincial de Valladolid ya tiene previsto condenar o absolver a los imputados.
A lo largo del proceso, once personas han sido procesadas por corrupción y otros delitos relacionados. Entre ellas se encuentran ex altos cargos públicos de la Junta de Castilla y León y empresarios que presuntamente se repartieron mordidas por valor de 75 millones entre los años 2000 y 2015.
Rafael Delgado, el supuesto cabecilla de la trama, sigue siendo imputado. También han mantenido las acusaciones contra los hermanos Esgueva, específicamente Alberto Esgueva, quien fue consejero delegado de la oficina de internacionalización del Ejecutivo entre 2003 y 2006.
El inspector de Hacienda que destapó el caso, Juan Manuel Tocino, aseguró que había una "organización" pensada para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos. Los peritos han confirmado que las operaciones no se produjeron con pagos reales entre empresas.
Los trabajadores públicos han declarado haber visto listados sin sello ni validez oficial que marcaban qué parques eólicos avanzaban y cuáles quedaban paralizados. Además, los empresarios han relatado presiones para aceptar socios locales, algo que se remonta a varios años atrás.
Finalmente, el destino de 75 millones de euros en mordidas que propició la Junta de Castilla y León sigue sin ser resuelto.
A lo largo del proceso, once personas han sido procesadas por corrupción y otros delitos relacionados. Entre ellas se encuentran ex altos cargos públicos de la Junta de Castilla y León y empresarios que presuntamente se repartieron mordidas por valor de 75 millones entre los años 2000 y 2015.
Rafael Delgado, el supuesto cabecilla de la trama, sigue siendo imputado. También han mantenido las acusaciones contra los hermanos Esgueva, específicamente Alberto Esgueva, quien fue consejero delegado de la oficina de internacionalización del Ejecutivo entre 2003 y 2006.
El inspector de Hacienda que destapó el caso, Juan Manuel Tocino, aseguró que había una "organización" pensada para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos. Los peritos han confirmado que las operaciones no se produjeron con pagos reales entre empresas.
Los trabajadores públicos han declarado haber visto listados sin sello ni validez oficial que marcaban qué parques eólicos avanzaban y cuáles quedaban paralizados. Además, los empresarios han relatado presiones para aceptar socios locales, algo que se remonta a varios años atrás.
Finalmente, el destino de 75 millones de euros en mordidas que propició la Junta de Castilla y León sigue sin ser resuelto.