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El escándalo que sacude el poder judicial español ha dejado a los ministros del Gobierno sin voz. Mientras Pedro Sánchez se encuentra en Johannesburgo, asistiendo a la cumbre de líderes del G20 y ofreciendo una rueda de prensa, su equipo político no ha podido evitar que la condena al fiscal general Álvaro García Ortiz se convierta en el tema principal del debate.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha atrevido a decir que España "no puede volver mucho atrás" en Justicia respecto a la dictadura de Franco. Su comentario se refiere a la condena anunciada el pasado jueves de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tildado la condena como "injusta" y ha asegurado que ninguna sentencia judicial puede "tapar la verdad" sobre lo que está pasando en la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que es responsable del "mejor momento de la historia" que atraviesa España. También ha destacado los avances en la política social y económica del gobierno.
Sin embargo, algunos líderes políticos de la oposición no se han podido contener ante el escándalo. La líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, Yolanda Díaz, ha dicho que la condena supone un "punto de inflexión" y que el poder judicial ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que la derecha "controla los grandes tribunales" y que ha "asesinado civilmente al fiscal general del Estado" para tapar la corrupción del clan Ayuso.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado que la condena muestra que el franquismo sigue vivo en muchos órganos de poder del Estado.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha atrevido a decir que España "no puede volver mucho atrás" en Justicia respecto a la dictadura de Franco. Su comentario se refiere a la condena anunciada el pasado jueves de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tildado la condena como "injusta" y ha asegurado que ninguna sentencia judicial puede "tapar la verdad" sobre lo que está pasando en la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que es responsable del "mejor momento de la historia" que atraviesa España. También ha destacado los avances en la política social y económica del gobierno.
Sin embargo, algunos líderes políticos de la oposición no se han podido contener ante el escándalo. La líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, Yolanda Díaz, ha dicho que la condena supone un "punto de inflexión" y que el poder judicial ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que la derecha "controla los grandes tribunales" y que ha "asesinado civilmente al fiscal general del Estado" para tapar la corrupción del clan Ayuso.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado que la condena muestra que el franquismo sigue vivo en muchos órganos de poder del Estado.