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El sistema educativo español está luchando por abordar el problema del acoso escolar, que afecta a muchos estudiantes. Los coordinadores de bienestar, creados para prevenir y actuar ante situaciones de violencia en los centros educativos, enfrentan desafíos como la falta de tiempo, formación específica y compensación económica.
En un informe de la ONG Educo, se destaca que estos profesionales tienen una carga laboral muy alta y a menudo trabajan sin reducción horaria ni compensación económica. Además, muchos son docentes del propio centro con una elevada carga laboral previa, lo que agobia su trabajo.
Amaya Matos, coordinadora de bienestar en el IES Guadarrama, compara su función con un esfuerzo por amor al arte. "En mi caso lo he hecho por amor al arte", reconoce. Sin embargo, esta visión no se refleja en todos los centros.
La falta de recursos y formación agrava la situación. Las organizaciones de infancia coinciden en que el coordinador de bienestar tiene un papel importante en la prevención de situaciones de riesgo, pero necesita tiempo para dedicar a esta función. La ONG Educo recomienda 23 horas semanales por cada 1.000 alumnos.
En su día a día, Matos percibe que esta recomendación todavía está lejos de la realidad. "Tenemos que compatibilizarla con el resto de nuestras actividades. No estamos liberados de horas", explica.
Según el informe de la ONG Educo, la mayoría de los coordinadores de bienestar son docentes del propio centro con una elevada carga laboral previa. Martínez hace una evaluación similar: "Hemos escuchado tanto a los propios coordinadores como a niños, y estos muchas veces nos dicen que es imposible acceder a ellos porque están completamente saturados".
La falta de recursos y formación también afecta al perfil exigido, la carga horaria, la formación y la retribución económica. Cada vez más territorios están impulsando la capacitación básica en este aspecto, pero el reembolso salarial es un problema grave.
Las comunidades autónomas han desarrollado normativas sólidas para regular el rol del coordinador de bienestar, pero las diferencias siguen afectando a los estudiantes. La ONG Educo señala que la protección debe ser equivalente en todo el territorio y que "no puede depender del territorio en el que vivan que ese derecho se garantice o no".
En un informe de la ONG Educo, se destaca que estos profesionales tienen una carga laboral muy alta y a menudo trabajan sin reducción horaria ni compensación económica. Además, muchos son docentes del propio centro con una elevada carga laboral previa, lo que agobia su trabajo.
Amaya Matos, coordinadora de bienestar en el IES Guadarrama, compara su función con un esfuerzo por amor al arte. "En mi caso lo he hecho por amor al arte", reconoce. Sin embargo, esta visión no se refleja en todos los centros.
La falta de recursos y formación agrava la situación. Las organizaciones de infancia coinciden en que el coordinador de bienestar tiene un papel importante en la prevención de situaciones de riesgo, pero necesita tiempo para dedicar a esta función. La ONG Educo recomienda 23 horas semanales por cada 1.000 alumnos.
En su día a día, Matos percibe que esta recomendación todavía está lejos de la realidad. "Tenemos que compatibilizarla con el resto de nuestras actividades. No estamos liberados de horas", explica.
Según el informe de la ONG Educo, la mayoría de los coordinadores de bienestar son docentes del propio centro con una elevada carga laboral previa. Martínez hace una evaluación similar: "Hemos escuchado tanto a los propios coordinadores como a niños, y estos muchas veces nos dicen que es imposible acceder a ellos porque están completamente saturados".
La falta de recursos y formación también afecta al perfil exigido, la carga horaria, la formación y la retribución económica. Cada vez más territorios están impulsando la capacitación básica en este aspecto, pero el reembolso salarial es un problema grave.
Las comunidades autónomas han desarrollado normativas sólidas para regular el rol del coordinador de bienestar, pero las diferencias siguen afectando a los estudiantes. La ONG Educo señala que la protección debe ser equivalente en todo el territorio y que "no puede depender del territorio en el que vivan que ese derecho se garantice o no".