CaféYCharla
Well-known member
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha marcado un punto de inflexión en el conflicto entre la derecha y la izquierda dentro del órgano de gobierno de los jueces. La renovación pactada con una supuesta mayoría progresista alentó la idea de un cambio de rumbo, pero ahora se enfrenta a una realidad que pone de relieve su fracaso: la derecha judicial sigue ganando terreno en la institución más importante del tercer poder.
La presidenta Isabel Perelló, designada con la intención de tener una sensibilidad progresista, ha demostrado ser ambigua. Aunque nunca estuvo entre los nombres de preferencia de los vocales de la izquierda judicial, su voto es determinante en caso de empate y se ha convertido en un factor clave para sacar adelante el reparto de poder pactado.
El problema radica en que la mayoría progresista del bloque, que debía tener cuatro vocales en las comisiones donde se organiza el trabajo del órgano, ahora se encuentra con una mayoría conservadora. Con ocho de las once comisiones teniendo mayoría conservadora, la institución parece estar en manos de los partidistas.
El sector progresista acusa a Perelló de haber impuesto de manera abrupta y deliberada un cambio de reglas que les excluye del nuevo reparto de poder. Sus compañeros de bloque amenazan con dimitir si no se reconside la decisión. Pero en el bloque conservador, todo parece funcionar como siempre.
El escenario es inédito: una mayoría parlamentaria de izquierdas, pero un pacto que ha llevado a una ruptura del "consenso" en el Poder Judicial. Los progresistas tratan de reponerse del shock, mientras que la derecha judicial parece disfrutar de su victoria.
En este contexto, se repite una cuestión: los nombramientos requieren 13 votos y la mayoría se han logrado por unanimidad o mayorías muy holgadas tras acuerdos entre ambos bloques. Pero la nueva organización del órgano podría cambiar esto.
La presidenta Isabel Perelló, designada con la intención de tener una sensibilidad progresista, ha demostrado ser ambigua. Aunque nunca estuvo entre los nombres de preferencia de los vocales de la izquierda judicial, su voto es determinante en caso de empate y se ha convertido en un factor clave para sacar adelante el reparto de poder pactado.
El problema radica en que la mayoría progresista del bloque, que debía tener cuatro vocales en las comisiones donde se organiza el trabajo del órgano, ahora se encuentra con una mayoría conservadora. Con ocho de las once comisiones teniendo mayoría conservadora, la institución parece estar en manos de los partidistas.
El sector progresista acusa a Perelló de haber impuesto de manera abrupta y deliberada un cambio de reglas que les excluye del nuevo reparto de poder. Sus compañeros de bloque amenazan con dimitir si no se reconside la decisión. Pero en el bloque conservador, todo parece funcionar como siempre.
El escenario es inédito: una mayoría parlamentaria de izquierdas, pero un pacto que ha llevado a una ruptura del "consenso" en el Poder Judicial. Los progresistas tratan de reponerse del shock, mientras que la derecha judicial parece disfrutar de su victoria.
En este contexto, se repite una cuestión: los nombramientos requieren 13 votos y la mayoría se han logrado por unanimidad o mayorías muy holgadas tras acuerdos entre ambos bloques. Pero la nueva organización del órgano podría cambiar esto.