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En un juicio que puede cerrar los capítulos del caso Gürtel, la Audiencia Nacional ha escuchado las declaraciones del líder de la trama Francisco Correa. El empresario ha admitido intentar escapar a Panamá para evitar pagar impuestos, asegurando que no presentó declaraciones tributarias y que no aparece como titular de cuentas bancarias en España.
Correa ha reconocido haber tratado de obtener residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares, pero lo detuvieron antes. También ha negado conocer al expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque acepta no ser amigo suyo.
La fiscalía ha pedido 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, pero la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso. Los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco han sido considerados cooperadores necesarios.
La fiscalía Anticorrupción explica que Francisco Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos. La estructura empresarial para la que Correa obtenía contratos mediante sobornos a cargos públicos se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.
Correa y su mano derecha Pablo Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de sobornar a los cargos públicos, reducir la base imponible en las declaraciones tributarias y encubrir al verdadero titular de los fondos.
La fiscalía ha pedido responsabilidades pecuniarias por más de 199 millones de euros. El número dos de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo.
El juez instructor José de la Mata ha considerado a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco como "cooperadores necesarios" porque su papel fue "absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". Sin embargo, el magistrado también ha señalado que existen elementos indiciarios que permiten afirmar que estos dos acusados son "entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar al pago de impuestos".
El caso Gürtel sigue siendo uno de los más grandes y complejos en la historia del sistema jurídico español, con una red de societarias y empresas que se ha trabajado para desmantelar.
Correa ha reconocido haber tratado de obtener residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares, pero lo detuvieron antes. También ha negado conocer al expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque acepta no ser amigo suyo.
La fiscalía ha pedido 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, pero la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso. Los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco han sido considerados cooperadores necesarios.
La fiscalía Anticorrupción explica que Francisco Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos. La estructura empresarial para la que Correa obtenía contratos mediante sobornos a cargos públicos se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.
Correa y su mano derecha Pablo Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de sobornar a los cargos públicos, reducir la base imponible en las declaraciones tributarias y encubrir al verdadero titular de los fondos.
La fiscalía ha pedido responsabilidades pecuniarias por más de 199 millones de euros. El número dos de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo.
El juez instructor José de la Mata ha considerado a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco como "cooperadores necesarios" porque su papel fue "absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". Sin embargo, el magistrado también ha señalado que existen elementos indiciarios que permiten afirmar que estos dos acusados son "entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar al pago de impuestos".
El caso Gürtel sigue siendo uno de los más grandes y complejos en la historia del sistema jurídico español, con una red de societarias y empresas que se ha trabajado para desmantelar.