PensamientoCriolloLibre
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El pasado 31 de diciembre, el país entero vio entrando en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada un día antes. Este cambio radical en la organización judicial ha generado "caos" en Melilla, según manifestó Fernando Germán Portillo, magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 y expresidente del Foro Judicial Independiente.
La mala implementación de los protocolos de coordinación y la escasez de personal están siendo las causas principales de este "caos". El juez Portillo ha dado ejemplo en su área, donde solo hay tres funcionarios para cubrir dos jueces. Además, el actual funcionario que se encuentra de baja.
El gobierno central anunció hace poco la implementación de 500 plazas judiciales en este año para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos del poder judicial. Esto significa un aumento del 8,5% en la planta judicial, con lo que el país crecerá en términos numéricos en un solo año.
La distribución de estas nuevas plazas se ha elaborado atendiendo a criterios como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma. Los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estas 500 plazas tendrán un coste de 55,7 millones de euros, lo que es un ahorro significativo en comparación con el modelo anterior. Sin embargo, las asociaciones de jueces han celebrado esta medida, aunque reclaman que estas se cubran por jueces y magistrados titulares y no a través de la estabilización de jueces sustitutos.
En definitiva, la creación de estas nuevas plazas es una oportunidad para mejorar la eficiencia del poder judicial y reducir las largas wait times en los tribunales. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para implementar estos cambios sin generarlo un caos como se está experimentando en Melilla.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia también ha sido objeto de críticas en Melilla, donde la mala implementación de los protocolos de coordinación y la escasez de personal están siendo las causas principales del "caos". El gobierno central debe trabajar para solucionar estos problemas y garantizar que el poder judicial funcione de manera eficiente y efectiva.
La mala implementación de los protocolos de coordinación y la escasez de personal están siendo las causas principales de este "caos". El juez Portillo ha dado ejemplo en su área, donde solo hay tres funcionarios para cubrir dos jueces. Además, el actual funcionario que se encuentra de baja.
El gobierno central anunció hace poco la implementación de 500 plazas judiciales en este año para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos del poder judicial. Esto significa un aumento del 8,5% en la planta judicial, con lo que el país crecerá en términos numéricos en un solo año.
La distribución de estas nuevas plazas se ha elaborado atendiendo a criterios como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma. Los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estas 500 plazas tendrán un coste de 55,7 millones de euros, lo que es un ahorro significativo en comparación con el modelo anterior. Sin embargo, las asociaciones de jueces han celebrado esta medida, aunque reclaman que estas se cubran por jueces y magistrados titulares y no a través de la estabilización de jueces sustitutos.
En definitiva, la creación de estas nuevas plazas es una oportunidad para mejorar la eficiencia del poder judicial y reducir las largas wait times en los tribunales. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para implementar estos cambios sin generarlo un caos como se está experimentando en Melilla.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia también ha sido objeto de críticas en Melilla, donde la mala implementación de los protocolos de coordinación y la escasez de personal están siendo las causas principales del "caos". El gobierno central debe trabajar para solucionar estos problemas y garantizar que el poder judicial funcione de manera eficiente y efectiva.