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Una fuente de poder, manipulada. Dos altos cargos de Justicia e Interior accedieron al audio filtrado de Aemet. La Guardia Civil ha desvelado que la llamada que se filtró en febrero de 2025 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana fue objeto de un acceso no autorizado, manipulado y posteriormente difundido.
Según el informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE), Ricardo García García, subsecretario de Justicia e Interior, y Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios, accedieron al audio en un pendrive entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024. La jueza de Llíria abrió una investigación después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto.
El ministerio público considera que la conversación tiene "carácter reservado" y que su publicación en febrero de 2025 fue un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Guardia Civil ha remitido el informe al Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, donde se investiga la filtración del audio.
La cuestión es cómo se produjo el acceso no autorizado a la grabación y quién estuvo detrás de la manipulación del audio. ¿Fue un error o una intención deliberada? La investigación continúa, pero ya es evidente que hay alguien que ha sido engañado por la filtración y el manejo mediático de la información.
El caso destaca la importancia de la seguridad y protección de la información en los organismos públicos. ¿Cómo se garantiza la integridad de las comunicaciones en situaciones de emergencia? La Guardia Civil ha tomado medidas para investigar y esclarecer el hecho, pero aún hay muchas preguntas sin respuestas.
En este caso, la justicia debe funcionar como siempre: con independencia y sin miedo a la represalia. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está haciendo en nombre del Estado y cómo se protegen sus datos y secretos. La Guardia Civil ha hecho un buen trabajo en abrir esta investigación, pero ahora es hora de que llegue el día de la verdad y se desentierren las personas involucradas.
Según el informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE), Ricardo García García, subsecretario de Justicia e Interior, y Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios, accedieron al audio en un pendrive entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024. La jueza de Llíria abrió una investigación después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto.
El ministerio público considera que la conversación tiene "carácter reservado" y que su publicación en febrero de 2025 fue un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Guardia Civil ha remitido el informe al Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, donde se investiga la filtración del audio.
La cuestión es cómo se produjo el acceso no autorizado a la grabación y quién estuvo detrás de la manipulación del audio. ¿Fue un error o una intención deliberada? La investigación continúa, pero ya es evidente que hay alguien que ha sido engañado por la filtración y el manejo mediático de la información.
El caso destaca la importancia de la seguridad y protección de la información en los organismos públicos. ¿Cómo se garantiza la integridad de las comunicaciones en situaciones de emergencia? La Guardia Civil ha tomado medidas para investigar y esclarecer el hecho, pero aún hay muchas preguntas sin respuestas.
En este caso, la justicia debe funcionar como siempre: con independencia y sin miedo a la represalia. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está haciendo en nombre del Estado y cómo se protegen sus datos y secretos. La Guardia Civil ha hecho un buen trabajo en abrir esta investigación, pero ahora es hora de que llegue el día de la verdad y se desentierren las personas involucradas.