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La Fiscalía Provincial de Barcelona ha iniciado una investigación contra Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona, "para estudiar distintas denuncias" relacionadas con el desalojo del instituto B9 el pasado 17 de diciembre. El eurodiputado Jaume Asens había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de Odio y Discriminación el 24 de diciembre, alegando que Albiol podría haber incurrido en un delito de odio, así como en delitos de denegación del servicio público por motivos discriminatorios, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.
El desalojo del B9 había dejado a 170 personas sin techo después de que las autoridades llevaran a cabo un operativo para vaciar el edificio, donde se residía a unas 400 personas. Las personas expulsadas se dividieron en varios grupos, y una treintena se instaló en tiendas de campañas bajo un puente de la C-31.
El Ayuntamiento de Badalona ha defendido su actuación y asegurado que cumplió "de manera escrupulosa" la resolución judicial que permitió el desalojo del B9. Sin embargo, Jaume Asens ha celebrado la decisión de la Fiscalía: "Albiol ha cruzado líneas rojas y no se pueden tolerar en una democracia".
La investigación se suma a otro procedimiento judicial, ya que la Fiscalía había pedido al juzgado que autorizara el desalojo y que el Ayuntamiento de Badalona aclarara si había ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados.
El B9 era un antiguo instituto municipal, abandonado, que se convirtió en el asentamiento más grande de Cataluña después de ser ocupado durante más de dos años. Albiol había alegado problemas de inseguridad e incivismo para expulsar a las personas que vivían en el interior, aunque la policía local había recogido 14 incidentes, la mayoría hurtos y molestias.
La Fiscalía ahora investigará "distintas denuncias" relacionadas con el desalojo del B9, lo que sugiere que hay más información a descubrir sobre los hechos que llevaron al operativo.
El desalojo del B9 había dejado a 170 personas sin techo después de que las autoridades llevaran a cabo un operativo para vaciar el edificio, donde se residía a unas 400 personas. Las personas expulsadas se dividieron en varios grupos, y una treintena se instaló en tiendas de campañas bajo un puente de la C-31.
El Ayuntamiento de Badalona ha defendido su actuación y asegurado que cumplió "de manera escrupulosa" la resolución judicial que permitió el desalojo del B9. Sin embargo, Jaume Asens ha celebrado la decisión de la Fiscalía: "Albiol ha cruzado líneas rojas y no se pueden tolerar en una democracia".
La investigación se suma a otro procedimiento judicial, ya que la Fiscalía había pedido al juzgado que autorizara el desalojo y que el Ayuntamiento de Badalona aclarara si había ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados.
El B9 era un antiguo instituto municipal, abandonado, que se convirtió en el asentamiento más grande de Cataluña después de ser ocupado durante más de dos años. Albiol había alegado problemas de inseguridad e incivismo para expulsar a las personas que vivían en el interior, aunque la policía local había recogido 14 incidentes, la mayoría hurtos y molestias.
La Fiscalía ahora investigará "distintas denuncias" relacionadas con el desalojo del B9, lo que sugiere que hay más información a descubrir sobre los hechos que llevaron al operativo.