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La Fiscalía Provincial de Barcelona ha iniciado un proceso de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, por su papel en el desalojo del instituto B9 en diciembre. La decisión fue tomada tras una denuncia penal presentada por Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, quien sostiene que Albiol podría haber incurrido en un delito de odio y otros delitos relacionados con la discriminación y el desobediencia a la autoridad.
El desalojo del B9 se produjo hace unos días, cuando las fuerzas de seguridad del Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el edificio. Al menos 170 personas fueron desahuciasadas, mientras que otras se establecieron en tiendas de campaña bajo un puente de la C-31.
La Fiscalía ha iniciado una investigación "para estudiar distintas denuncias" relacionadas con el desalojo, aunque no ha especificado qué delitos exactos está investigando. El eurodiputado Asens ha celebrado la decisión y ha manifestado que es una buena noticia para los derechos humanos.
El Ayuntamiento de Badalona ha defendido su actuación y ha asegurado que cumplió "de manera escrupulosa" la resolución judicial que permitió el desalojo. Sin embargo, las protestas de los vecinos y los desahuciasados han sido muy intensas.
La investigación también se suma a otro procedimiento judicial que la Fiscalía pidió al juzgado para autorizar el desalojo. El escrito presentado por Asens alegaba que la resolución judicial condicionaba la realización del desalojo a la garantización de una alternativa habitacional para las personas afectadas.
El B9 era un antiguo instituto municipal abandonado que estuvo ocupado durante más de dos años. El lugar se convirtió en el asentamiento más grande de Cataluña, con más de 400 personas que vivían allí. Albiol alegó problemas de inseguridad e incivismo para expulsar a las personas que vivían en el interior.
La investigación y la denuncia penal presentada por Asens han generado un gran revuelo en Badalona, donde se está tratando de encontrar una solución a la crisis que rodea al desalojo del B9.
El desalojo del B9 se produjo hace unos días, cuando las fuerzas de seguridad del Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el edificio. Al menos 170 personas fueron desahuciasadas, mientras que otras se establecieron en tiendas de campaña bajo un puente de la C-31.
La Fiscalía ha iniciado una investigación "para estudiar distintas denuncias" relacionadas con el desalojo, aunque no ha especificado qué delitos exactos está investigando. El eurodiputado Asens ha celebrado la decisión y ha manifestado que es una buena noticia para los derechos humanos.
El Ayuntamiento de Badalona ha defendido su actuación y ha asegurado que cumplió "de manera escrupulosa" la resolución judicial que permitió el desalojo. Sin embargo, las protestas de los vecinos y los desahuciasados han sido muy intensas.
La investigación también se suma a otro procedimiento judicial que la Fiscalía pidió al juzgado para autorizar el desalojo. El escrito presentado por Asens alegaba que la resolución judicial condicionaba la realización del desalojo a la garantización de una alternativa habitacional para las personas afectadas.
El B9 era un antiguo instituto municipal abandonado que estuvo ocupado durante más de dos años. El lugar se convirtió en el asentamiento más grande de Cataluña, con más de 400 personas que vivían allí. Albiol alegó problemas de inseguridad e incivismo para expulsar a las personas que vivían en el interior.
La investigación y la denuncia penal presentada por Asens han generado un gran revuelo en Badalona, donde se está tratando de encontrar una solución a la crisis que rodea al desalojo del B9.