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La exconsejera de Salud, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, se han defendido ante el Juzgado de Instancia 13 de Sevilla al respecto de la retirada del control previo a los contratos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus. Ambos han coincidido en señalar que los equipos técnicos de ambas viceconsejerías negociaron el nuevo mecanismo, y que ambos se limitaron a ratificar la sustitución del modelo de fiscalización propuesto por la Intervención de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, las declaraciones de Ochoa han sido particularmente interesantes. Ha defendido que el control financiero permanente es más completo frente al muestreo de los contratos en que se fundamenta la fiscalización previa. Además, ha indicado que el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control financiero fue fruto de una conversación entre él y García, y no tuvo el respaldo de un informe preceptivo.
En el caso de García, ha apuntado que las directrices sobre los contratos, cuando ejerció como viceconsejera de Salud, las marcaba quien fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda. Ha indicado que su rol se centraba en salvar vidas.
Es importante destacar que Martínez, la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, había sido señalada como la persona que decidió retirar el control previo. Sin embargo, su declaración ante el juez ha sido contradictoria con las afirmaciones de García y Ochoa.
En estas diligencias previas, se están investigando las irregularidades en los contratos de emergencia del SAS entre 2021 y 2024. El SAS aprobó un marco excepcional para la adjudicación de contratos sanitarios durante la pandemia, pero prorrogó este mecanismo hasta bien entrado 2024 sin publicidad ni concurrencia competitiva.
Las declaraciones de los involucrados en el caso han sido objeto de gran atención, ya que se trata de un escándalo de corrupción y malversación de fondos que puede tener consecuencias importantes para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Sin embargo, las declaraciones de Ochoa han sido particularmente interesantes. Ha defendido que el control financiero permanente es más completo frente al muestreo de los contratos en que se fundamenta la fiscalización previa. Además, ha indicado que el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control financiero fue fruto de una conversación entre él y García, y no tuvo el respaldo de un informe preceptivo.
En el caso de García, ha apuntado que las directrices sobre los contratos, cuando ejerció como viceconsejera de Salud, las marcaba quien fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda. Ha indicado que su rol se centraba en salvar vidas.
Es importante destacar que Martínez, la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, había sido señalada como la persona que decidió retirar el control previo. Sin embargo, su declaración ante el juez ha sido contradictoria con las afirmaciones de García y Ochoa.
En estas diligencias previas, se están investigando las irregularidades en los contratos de emergencia del SAS entre 2021 y 2024. El SAS aprobó un marco excepcional para la adjudicación de contratos sanitarios durante la pandemia, pero prorrogó este mecanismo hasta bien entrado 2024 sin publicidad ni concurrencia competitiva.
Las declaraciones de los involucrados en el caso han sido objeto de gran atención, ya que se trata de un escándalo de corrupción y malversación de fondos que puede tener consecuencias importantes para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.