PensamientoDelSur
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El desplazamiento patrimonial que se está llevando a cabo desde el Palacio de la Moncloa, donde el Estado controla Indra y sus acciones van directo a manos de los hermanos Ángel y Javier Escribano. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hace lo mismo que debería haber hecho años atrás: comprar esta empresa que es la punta de lanza del grupo Indra, con una facturación de 91 millones de euros.
La estrategia del Estado al controlar Indra y a los hermanos Escribano es simple. Buscan crear un grupo global líder en defensa, aeroespacial e infraestructura digital, y aprovecharlo para desplazar valores millonarios de las arcas públicas a sus propios bolsillos. El Estado les da contratos, ellos cobran con Indra o directamente.
El desenlace que se está produciendo es el mejor escenario para estos empresarios: llevar una anodina década cotizando alrededor de 10 euros por acción y poner un precio histórico en bolsa. Lo que realmente importa es el valor que puede generar su participación en Indra, que supone plusvalías teóricas de más de 860 millones.
La información pública sobre las cuentas de estas empresas es limitada, lo que sugiere una falta de transparencia al dar cuenta los movimientos de sus principales accionistas. El caso de Escribano y Indra recuerda el clásico movimiento de la privatización del Estado, donde las arcas públicas son desplazadas a manos de unos empresarios.
Para aquellos que están en el mundo empresarial, el desplazamiento patrimonial que estamos observando es un tema muy sensible, y para los ciudadanos, la transparencia y rendición de cuentas es algo que siempre deben tener en cuenta al analizar las acciones del gobierno.
La estrategia del Estado al controlar Indra y a los hermanos Escribano es simple. Buscan crear un grupo global líder en defensa, aeroespacial e infraestructura digital, y aprovecharlo para desplazar valores millonarios de las arcas públicas a sus propios bolsillos. El Estado les da contratos, ellos cobran con Indra o directamente.
El desenlace que se está produciendo es el mejor escenario para estos empresarios: llevar una anodina década cotizando alrededor de 10 euros por acción y poner un precio histórico en bolsa. Lo que realmente importa es el valor que puede generar su participación en Indra, que supone plusvalías teóricas de más de 860 millones.
La información pública sobre las cuentas de estas empresas es limitada, lo que sugiere una falta de transparencia al dar cuenta los movimientos de sus principales accionistas. El caso de Escribano y Indra recuerda el clásico movimiento de la privatización del Estado, donde las arcas públicas son desplazadas a manos de unos empresarios.
Para aquellos que están en el mundo empresarial, el desplazamiento patrimonial que estamos observando es un tema muy sensible, y para los ciudadanos, la transparencia y rendición de cuentas es algo que siempre deben tener en cuenta al analizar las acciones del gobierno.