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Un tribunal de Barcelona ha dictado una providencia condenando a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el caso del programa de espionaje "Pegasus". Esta es la primera vez que se imputan a miembros del cuerpo policial en relación con este caso.
La investigación llevada a cabo por la jueza Julia Tortosa García-Vaso responde a una demanda presentada por un grupo de afectados, conocidos como Sentinel Alliance. Este grupo estaba formado por cinco hombres de perfil ejecutivo y desarrolladores de protocolos de código abierto que fueron objeto de seguimiento y espionaje ilegal durante dos años.
Según el análisis del centro canadiense Citizen Lab, los dispositivos de estos ciudadanos fueron infectados con el programa "Pegasus" durante un período de 78 ataques. El objetivo era extraer información confidencial de sus dispositivos electrónicos y activar cámaras y micrófonos.
Además de Azón y Gámez, la providencia también imputa a otros directivos de la empresa desarrolladora del programa "Candiru", que es otro programa espía intrusivo. Entre ellos se encuentran Eran Shorer, Ya'akov Weizman y Eitan Achlow.
La jueza Tortosa García-Vaso ha decidido investigar también al exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, quien fue directora hasta que se descubrió que el teléfono móvil del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès había sido infectado con "Pegasus".
El caso suma una nueva complejidad al conflicto debido a la posición actual de Azón como magistrado del Tribunal Supremo. La jueza debe presentar un informe para que el Supremo decida si se puede investigar o no a Azón.
Los querellantes han solicitado la desclasificación de documentos sobre el uso de "Pegasus" y "Candiru", así como órdenes europeas de investigación en Luxemburgo e Israel, y informes periciales independientes sobre los teléfonos.
La investigación llevada a cabo por la jueza Julia Tortosa García-Vaso responde a una demanda presentada por un grupo de afectados, conocidos como Sentinel Alliance. Este grupo estaba formado por cinco hombres de perfil ejecutivo y desarrolladores de protocolos de código abierto que fueron objeto de seguimiento y espionaje ilegal durante dos años.
Según el análisis del centro canadiense Citizen Lab, los dispositivos de estos ciudadanos fueron infectados con el programa "Pegasus" durante un período de 78 ataques. El objetivo era extraer información confidencial de sus dispositivos electrónicos y activar cámaras y micrófonos.
Además de Azón y Gámez, la providencia también imputa a otros directivos de la empresa desarrolladora del programa "Candiru", que es otro programa espía intrusivo. Entre ellos se encuentran Eran Shorer, Ya'akov Weizman y Eitan Achlow.
La jueza Tortosa García-Vaso ha decidido investigar también al exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, quien fue directora hasta que se descubrió que el teléfono móvil del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès había sido infectado con "Pegasus".
El caso suma una nueva complejidad al conflicto debido a la posición actual de Azón como magistrado del Tribunal Supremo. La jueza debe presentar un informe para que el Supremo decida si se puede investigar o no a Azón.
Los querellantes han solicitado la desclasificación de documentos sobre el uso de "Pegasus" y "Candiru", así como órdenes europeas de investigación en Luxemburgo e Israel, y informes periciales independientes sobre los teléfonos.