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La Sala Segunda del Supremo está integrada hoy por cuatro jueces progresistas y 11 conservadores, pero en ninguno de los tribunales que se forman para admitir o juzgar las distintas causas hay una mayoría progresista. En la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha producido un proceso de toma de control por parte del PP, que aprovechó dos mandatos de José María Aznar para imponer una mayoría conservadora en esa Sala Segunda.
El Partido Popular inició la toma de control de la Sala de lo Penal del Supremo en 1996, cuando el PP se convirtió en Gobierno. Lo hizo a través de los vocales conservadores elegidos para el Consejo General del Poder Judicial, que imponían su rodillo en los nombramientos porque entonces bastaba con la mayoría absoluta y no con la mayoría cualificada de tres quintos.
En 20 años, se han producido varios casos controvertidos en la Sala Segunda del Supremo. Uno de ellos es el caso de la Ley de Amnistía que se presentó para los dirigentes independentistas catalanes, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La mayoría de magistrados conservadores votaron a favor de la condena de estos dirigentes por malversación, mientras que una sola magistrada progresista se opuso.
Otro caso es el de Victoria Rosell, diputada de Podemos, que fue acusada de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia y prevaricación. La Sala Segunda del Supremo admitió a trámite la querella del exministro de Industria, Jose Manuel Soria, pero luego se archivó debido a su dimisión como diputado.
El Tribunal Supremo también condenó al diputado Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agentes de la autoridad. La pena fue sustituida por una multa y dos magistrados progresistas hicieron un voto particular en contra de la decisión.
Finalmente, el Supremo avaló la ofensiva judicial de la derecha y la extrema derecha contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La condena fue dictada por una mayoría conservadora, lo que ha sido criticado por muchos como un ataque a la independencia del fiscal general.
En resumen, la Sala Segunda del Supremo se encuentra dominada por una mayoría conservadora y ha producido varios casos controvertidos en los últimos años. La toma de control de este tribunal por parte del PP durante los dos mandatos de José María Aznar ha sido un tema de debate entre los ciudadanos y ha generado críticas a la justicia española.
El Partido Popular inició la toma de control de la Sala de lo Penal del Supremo en 1996, cuando el PP se convirtió en Gobierno. Lo hizo a través de los vocales conservadores elegidos para el Consejo General del Poder Judicial, que imponían su rodillo en los nombramientos porque entonces bastaba con la mayoría absoluta y no con la mayoría cualificada de tres quintos.
En 20 años, se han producido varios casos controvertidos en la Sala Segunda del Supremo. Uno de ellos es el caso de la Ley de Amnistía que se presentó para los dirigentes independentistas catalanes, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La mayoría de magistrados conservadores votaron a favor de la condena de estos dirigentes por malversación, mientras que una sola magistrada progresista se opuso.
Otro caso es el de Victoria Rosell, diputada de Podemos, que fue acusada de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia y prevaricación. La Sala Segunda del Supremo admitió a trámite la querella del exministro de Industria, Jose Manuel Soria, pero luego se archivó debido a su dimisión como diputado.
El Tribunal Supremo también condenó al diputado Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agentes de la autoridad. La pena fue sustituida por una multa y dos magistrados progresistas hicieron un voto particular en contra de la decisión.
Finalmente, el Supremo avaló la ofensiva judicial de la derecha y la extrema derecha contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La condena fue dictada por una mayoría conservadora, lo que ha sido criticado por muchos como un ataque a la independencia del fiscal general.
En resumen, la Sala Segunda del Supremo se encuentra dominada por una mayoría conservadora y ha producido varios casos controvertidos en los últimos años. La toma de control de este tribunal por parte del PP durante los dos mandatos de José María Aznar ha sido un tema de debate entre los ciudadanos y ha generado críticas a la justicia española.