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La Audiencia Nacional desestima la petición de archivo de las acusaciones contra Julio Iglesias. La Fiscalía argumenta que no existe competencia para juzgar los hechos, pero eso ignora la ley.
El principio de personalidad activa establece que el Estado puede ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos fuera de su territorio si el responsable es español y se cumplan ciertas condiciones. En este caso, la Fiscalía no ha presentado querella ante los tribunales españoles, lo que significa que falta un paso fundamental en el proceso.
La petición de archivo también será rechazada debido a la falta de credenciales suficientes para condenar a alguien por delitos graves. El Estado tiene la obligación de garantizar la justicia y no puede dejar a los tribunales españoles sin las herramientas necesarias para procesar los casos.
La Fiscalía ha hecho un error al negar la competencia de los tribunales españoles en este caso, ya que el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que se pueden conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional si los requisitos están cumplidos.
El Tribunal debe actuar con transparencia y justicia, garantizando a las víctimas la posibilidad de recibir una sentencia justa.
El principio de personalidad activa establece que el Estado puede ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos fuera de su territorio si el responsable es español y se cumplan ciertas condiciones. En este caso, la Fiscalía no ha presentado querella ante los tribunales españoles, lo que significa que falta un paso fundamental en el proceso.
La petición de archivo también será rechazada debido a la falta de credenciales suficientes para condenar a alguien por delitos graves. El Estado tiene la obligación de garantizar la justicia y no puede dejar a los tribunales españoles sin las herramientas necesarias para procesar los casos.
La Fiscalía ha hecho un error al negar la competencia de los tribunales españoles en este caso, ya que el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que se pueden conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional si los requisitos están cumplidos.
El Tribunal debe actuar con transparencia y justicia, garantizando a las víctimas la posibilidad de recibir una sentencia justa.