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El Partido Popular de Madrid se convierte en un látigo contra la corrupción. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero general, Alfonso Serrano, repiten el lema "corruptos no queremos" durante cada acto institucional y mitin del partido.
A pesar de ello, no se ha visto la justicia en cuanto a las condenas obtenidas por dirigentes del PP que han sido acusados de cometer actos de corrupción como cobrar sobornos por adjudicaciones de contratos o apropiarse de fondos públicos.
El caso Púnica sigue sin juzgar y la fiscalía Anticorrupción pide tres años y seis meses de cárcel a su principal imputado, Francisco Granados. Los dos últimos secretarios generales del PP en Madrid, Francisco Granados e Ignacio González, han pasado por la cárcel y se encuentran pendientes de nuevos juicios.
La Justicia ha condenado más de una docena de alcaldes populares madrileños, incluyendo cinco que fueron miembros de la Mesa del Partido Popular en el Ayuntamiento, así como varios cargos de la Comunidad. Granados fue imputado por liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011.
La trama Lezo está investigando a Ignacio González por cohecho, falsedad documental y prevaricación. También se le atribuyen delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.
El caso Gürtel sigue sin resolver pero la Comunidad de Madrid condenó en 2019 a ciento veinticinco funcionarios populares, incluyendo cinco alcaldes y el consejero de Aguirre. Además del proyecto faraónico de la Ciudad de la Justicia, que consumió más de trescientos millones de euros y se encuentra pendiente de nuevos juicios, el tren a Navalcarnero también sigue sin resolver.
En el caso FP, la Consejería de Educación adjudicó obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP. La jueza que investiga delitos de prevaricación prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.
Ana Millán, número tres del PP en Madrid y vicepresidenta de la Asamblea regional, está imputada por cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, Millán sigue siendo una figura influyente en el partido y ha sido ascendida a secretaria de organización.
A pesar de ello, no se ha visto la justicia en cuanto a las condenas obtenidas por dirigentes del PP que han sido acusados de cometer actos de corrupción como cobrar sobornos por adjudicaciones de contratos o apropiarse de fondos públicos.
El caso Púnica sigue sin juzgar y la fiscalía Anticorrupción pide tres años y seis meses de cárcel a su principal imputado, Francisco Granados. Los dos últimos secretarios generales del PP en Madrid, Francisco Granados e Ignacio González, han pasado por la cárcel y se encuentran pendientes de nuevos juicios.
La Justicia ha condenado más de una docena de alcaldes populares madrileños, incluyendo cinco que fueron miembros de la Mesa del Partido Popular en el Ayuntamiento, así como varios cargos de la Comunidad. Granados fue imputado por liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011.
La trama Lezo está investigando a Ignacio González por cohecho, falsedad documental y prevaricación. También se le atribuyen delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.
El caso Gürtel sigue sin resolver pero la Comunidad de Madrid condenó en 2019 a ciento veinticinco funcionarios populares, incluyendo cinco alcaldes y el consejero de Aguirre. Además del proyecto faraónico de la Ciudad de la Justicia, que consumió más de trescientos millones de euros y se encuentra pendiente de nuevos juicios, el tren a Navalcarnero también sigue sin resolver.
En el caso FP, la Consejería de Educación adjudicó obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP. La jueza que investiga delitos de prevaricación prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.
Ana Millán, número tres del PP en Madrid y vicepresidenta de la Asamblea regional, está imputada por cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, Millán sigue siendo una figura influyente en el partido y ha sido ascendida a secretaria de organización.