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Un juez de confianza de Madrid solicita una investigación sobre cómo se elaboraron los pliegos para adjudicaciones públicas. Se trata de un caso que involucra a la ex secretaria general de Presidencia del Gobierno, Begoña Gómez.
El magistrado Juan Carlos Peinado pide que la Asociación Española de Abogados del Estado emita un informe detallado sobre las cualificaciones académicas y titulaciones exigibles para elaborar pliegos de condiciones en las adjudicaciones públicas. Esto, según el juez, es necesario para entender cómo Gómez firmó los pliegos técnicos que la Universidad Complutense utilizó para contratar un servicio de asistencia y asesoría tecnológica.
La investigación se relaciona con el caso contra Begoña Gómez por intrusismo profesional. La acusación sostiene que Gómez, quien era codirectora de una cátedra universitaria, firmó los pliegos técnicos sin la debida cualificación académica, lo que supone un delito grave.
El abogado de Begoña Gómez ha defendido su clienta, argumentando que no hay ninguna norma que exija una cualificación específica para firmar dichos documentos. Según el abogado, la imputada fue instada por responsables de la Universidad a firmar los pliegos técnicos con prontitud debido a que se terminaba el año natural y esto podía generar problemas presupuestarios.
El caso es particularmente interesante porque involucra a una persona cercana al presidente del Gobierno. La investigación debe tener en cuenta las implicaciones políticas de este caso, especialmente si se considera que hay una relación entre la imputada y la persona más alta del Estado.
El magistrado Juan Carlos Peinado pide que la Asociación Española de Abogados del Estado emita un informe detallado sobre las cualificaciones académicas y titulaciones exigibles para elaborar pliegos de condiciones en las adjudicaciones públicas. Esto, según el juez, es necesario para entender cómo Gómez firmó los pliegos técnicos que la Universidad Complutense utilizó para contratar un servicio de asistencia y asesoría tecnológica.
La investigación se relaciona con el caso contra Begoña Gómez por intrusismo profesional. La acusación sostiene que Gómez, quien era codirectora de una cátedra universitaria, firmó los pliegos técnicos sin la debida cualificación académica, lo que supone un delito grave.
El abogado de Begoña Gómez ha defendido su clienta, argumentando que no hay ninguna norma que exija una cualificación específica para firmar dichos documentos. Según el abogado, la imputada fue instada por responsables de la Universidad a firmar los pliegos técnicos con prontitud debido a que se terminaba el año natural y esto podía generar problemas presupuestarios.
El caso es particularmente interesante porque involucra a una persona cercana al presidente del Gobierno. La investigación debe tener en cuenta las implicaciones políticas de este caso, especialmente si se considera que hay una relación entre la imputada y la persona más alta del Estado.