El Instituto Catalán de Oncología (ICO) se ha vio envuelto en una serie de irregularidades contractuales y de gestión económica, que involucran a varios directivos y funcionarios de la institución. Según documentos obtenidos por elDiario.es, entre 2023 y 2025, el ICO troceó contratos con una constructora para ejecutar obras en sus centros, lo que permitió evitar la licitación pública.
Uno de los casos más destacados es el de las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales, cuyo proyecto original costaba 251.000 euros y fue troceado en ocho contratos menores inferiores a 49.000 euros para evitar la licitación pública. El Jefe de Contratación Administrativa declaró que se hizo esto por urgencia, pero no cumplió con los procedimientos adecuados.
Otro caso es el del contrato de mantenimiento del ICO, donde la empresa adjudicataria COMSA cobraba aparte trabajos como reubicaciones de lugares de trabajo, telefonía y reparaciones de maquinaria, lo que se considera una duplicación de pagos. El expediente apunta que esto supone un exceso de gasto para el ICO.
Además, se ha detectado un aumento "excesivo y descontrolado" de costes en la partida de materiales, cuyo límite pasó de 75.000 a 500.000 euros, lo que supera los límites legalmente establecidos.
El caso afecta a alrededor de una docena de personas con perfil directivo, pero según el ICO, solo a "una persona directiva de primer nivel" y a otros responsables de distintas áreas y niveles bajo su responsabilidad. Afirman que los hechos ocurrieron bajo una dirección distinta a la actual, aunque las irregularidades se registraron hasta 2025.
El Departament de Salut valora positivamente la gestión del caso, apuntando que las herramientas de control del ICO han funcionado correctamente.
Uno de los casos más destacados es el de las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales, cuyo proyecto original costaba 251.000 euros y fue troceado en ocho contratos menores inferiores a 49.000 euros para evitar la licitación pública. El Jefe de Contratación Administrativa declaró que se hizo esto por urgencia, pero no cumplió con los procedimientos adecuados.
Otro caso es el del contrato de mantenimiento del ICO, donde la empresa adjudicataria COMSA cobraba aparte trabajos como reubicaciones de lugares de trabajo, telefonía y reparaciones de maquinaria, lo que se considera una duplicación de pagos. El expediente apunta que esto supone un exceso de gasto para el ICO.
Además, se ha detectado un aumento "excesivo y descontrolado" de costes en la partida de materiales, cuyo límite pasó de 75.000 a 500.000 euros, lo que supera los límites legalmente establecidos.
El caso afecta a alrededor de una docena de personas con perfil directivo, pero según el ICO, solo a "una persona directiva de primer nivel" y a otros responsables de distintas áreas y niveles bajo su responsabilidad. Afirman que los hechos ocurrieron bajo una dirección distinta a la actual, aunque las irregularidades se registraron hasta 2025.
El Departament de Salut valora positivamente la gestión del caso, apuntando que las herramientas de control del ICO han funcionado correctamente.