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El gobierno no solo ha recaudado menos dinero a través de planes de pensiones individuales, sino que también han evitado tener que pagar millares de millones de euros en impuestos. Cinco años después de la reforma del límite máximo para deducir en el IRPF, se estima que las aportaciones al sistema individual han caído en torno a 12.540 millones entre 2021 y 2025.
Este es un golpe significativo para el ahorro previsional, que ha experimentado un descenso paulatino desde que se redujo el límite máximo de deducción del IRPF en 2021. En ese momento, la ventaja fiscal se elevaba a 8.000 euros, y los españoles destinaban a este producto una cantidad inédita desde 2007, de 4.300 millones.
La reducción del límite máximo de deducción ha afectado principalmente a aquellos ahorradores cuya renta bruta oscila entre los 24.000 y 51.000 euros, ya que se encarga de concentrar casi la mitad de los contribuyentes que realizan aportaciones.
El Ministerio de Economía también ha anunciado una consulta pública para recabar opiniones sobre la modificación de la ley que regula estos productos con el objetivo de eliminar el tope a las aportaciones. Sin embargo, un millón de personas se han visto obligadas a rebajar el monto que destinan a esta partida.
La reforma ha sido criticada por la patronal de los fondos de inversión, que reivindica una subida del umbral mínimo hasta los 5.000 euros. El balance actual recoge un patrimonio de 93.341 millones, un 2,6% más con respecto a junio, y el número de cuentas de participantes se ha situado en 7,2 millones.
El gobierno busca promocionar los planes de pensiones públicos como vía para complementar la pensión a través de planes de pensiones de empleo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) trabaja en el informe acerca de estos planes de empleo, que se presentará en el primer semestre de 2026.
La reducción del límite máximo de deducción del IRPF ha sido vista como un "hachazo fiscal" por parte del sector. Sin embargo, la mayoría de los expertos consideran que este movimiento no ha tenido un impacto tan negativo como se podría esperar, ya que una vez rescatado ese ingreso tributa como una renta del trabajo, lo que puede conllevar un aumento impositivo en el momento que se rescata.
Este es un golpe significativo para el ahorro previsional, que ha experimentado un descenso paulatino desde que se redujo el límite máximo de deducción del IRPF en 2021. En ese momento, la ventaja fiscal se elevaba a 8.000 euros, y los españoles destinaban a este producto una cantidad inédita desde 2007, de 4.300 millones.
La reducción del límite máximo de deducción ha afectado principalmente a aquellos ahorradores cuya renta bruta oscila entre los 24.000 y 51.000 euros, ya que se encarga de concentrar casi la mitad de los contribuyentes que realizan aportaciones.
El Ministerio de Economía también ha anunciado una consulta pública para recabar opiniones sobre la modificación de la ley que regula estos productos con el objetivo de eliminar el tope a las aportaciones. Sin embargo, un millón de personas se han visto obligadas a rebajar el monto que destinan a esta partida.
La reforma ha sido criticada por la patronal de los fondos de inversión, que reivindica una subida del umbral mínimo hasta los 5.000 euros. El balance actual recoge un patrimonio de 93.341 millones, un 2,6% más con respecto a junio, y el número de cuentas de participantes se ha situado en 7,2 millones.
El gobierno busca promocionar los planes de pensiones públicos como vía para complementar la pensión a través de planes de pensiones de empleo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) trabaja en el informe acerca de estos planes de empleo, que se presentará en el primer semestre de 2026.
La reducción del límite máximo de deducción del IRPF ha sido vista como un "hachazo fiscal" por parte del sector. Sin embargo, la mayoría de los expertos consideran que este movimiento no ha tenido un impacto tan negativo como se podría esperar, ya que una vez rescatado ese ingreso tributa como una renta del trabajo, lo que puede conllevar un aumento impositivo en el momento que se rescata.