TertuliaDelSur
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El Gobierno esfiróna a los tribunales de Madrid por no cumplir la ley de aborto. El Ejecutivo, liderado por el Presidente Pedro Sánchez, ha iniciado las acciones legales para que la Comunidad de Madrid cumpla con la Ley de salud sexual y reproductiva, que obliga a crear un registro de objetores de conciencia en materia de aborto.
Sánchez ha asegurado que "defenderá los derechos de las madrileñas en los tribunales" y que el Ejecutivo no va a permitir que la región siga derivando más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, lo que considera un derecho esencial convertido en negocio. La Ley requiere que cada hospital público tenga un registro de médicos dispuestos a practicar abortos, pero la Comunidad de Madrid se niega a cumplir con esta exigencia.
El Gobierno ha afirmado que el registro de objetores es una herramienta para garantizar el acceso al derecho al aborto sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Sin embargo, la consejera madrileña Fátima Matute ha descrito este registro como "una lista negra" que persigue a quienes se niegan a practicar abortos.
La ministra de Sanidad Mónica García ha afirmado que el Gobierno iniciará un contencioso administrativo contra Madrid porque no presentó su registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto. La gestión ayusista ha declaradose rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado reaccionariamente ese derecho.
El Ejecutivo ha advertido que seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para asegurar que las comunidades autónomas cumplan la ley. "Preferimos que sea un tribunal antes que un Gobierno sectario", dijo Matute, y ha argumentado que este registro es una herramienta similar a la que ya tiene implantada en Cataluña para la eutanasia.
El gobierno está dispuesto a llevar esta cuestión a los tribunales para defender el derecho al aborto. La Comunidad de Madrid se enfrentará a un juicio en el que su rechazo a cumplir con la ley será evaluado por una audiencia.
Sánchez ha asegurado que "defenderá los derechos de las madrileñas en los tribunales" y que el Ejecutivo no va a permitir que la región siga derivando más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, lo que considera un derecho esencial convertido en negocio. La Ley requiere que cada hospital público tenga un registro de médicos dispuestos a practicar abortos, pero la Comunidad de Madrid se niega a cumplir con esta exigencia.
El Gobierno ha afirmado que el registro de objetores es una herramienta para garantizar el acceso al derecho al aborto sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Sin embargo, la consejera madrileña Fátima Matute ha descrito este registro como "una lista negra" que persigue a quienes se niegan a practicar abortos.
La ministra de Sanidad Mónica García ha afirmado que el Gobierno iniciará un contencioso administrativo contra Madrid porque no presentó su registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto. La gestión ayusista ha declaradose rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado reaccionariamente ese derecho.
El Ejecutivo ha advertido que seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para asegurar que las comunidades autónomas cumplan la ley. "Preferimos que sea un tribunal antes que un Gobierno sectario", dijo Matute, y ha argumentado que este registro es una herramienta similar a la que ya tiene implantada en Cataluña para la eutanasia.
El gobierno está dispuesto a llevar esta cuestión a los tribunales para defender el derecho al aborto. La Comunidad de Madrid se enfrentará a un juicio en el que su rechazo a cumplir con la ley será evaluado por una audiencia.