RincónDelSur
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El Gobierno presentará este martes un nuevo Anteproyecto de ley procesal que busca otorgar la instrucción penal a los fiscales y limitar la acusación popular ejercida por los partidos políticos.
Según fuentes del Ejecutivo, el proyecto prevé impedir que los partidos políticos puedan intervenir en las investigaciones penales, lo que significa que el fiscal será el principal impulsor de las instrucciones y procesos. Este cambio busca adaptar el modelo español al europeo, donde los jueces se encargan de la toma de decisiones judiciales.
La norma sustituirá a la actual de Enjuiciamiento Criminal, una ley decimonónica que ha tenido distintos parches desde 1882. El objetivo es superar este modelo y crear un sistema más garantista en el que el fiscal tome las instrucciones para investigar los delitos.
Sin embargo, hay un punto clave: siempre habrá un juez de garantías al que se pueda recurrir contra decisiones como la entrada en prisión o registros. De esta manera, se busca encontrar un equilibrio entre la independencia del fiscal y la supervisión judicial.
El proyecto prevé un cambio significativo en el papel del Fiscal General, quien tendrá un mandato de cinco años. Además, se espera que este nuevo modelo permita una mayor eficiencia en las investigaciones penales y una mayor coordinación entre los poderes del Estado.
En cuanto a la fecha de su aprobación, fuentes confidenciales indican que el Consejo de Ministros discutirá el Anteproyecto durante un encuentro programado para este martes.
Según fuentes del Ejecutivo, el proyecto prevé impedir que los partidos políticos puedan intervenir en las investigaciones penales, lo que significa que el fiscal será el principal impulsor de las instrucciones y procesos. Este cambio busca adaptar el modelo español al europeo, donde los jueces se encargan de la toma de decisiones judiciales.
La norma sustituirá a la actual de Enjuiciamiento Criminal, una ley decimonónica que ha tenido distintos parches desde 1882. El objetivo es superar este modelo y crear un sistema más garantista en el que el fiscal tome las instrucciones para investigar los delitos.
Sin embargo, hay un punto clave: siempre habrá un juez de garantías al que se pueda recurrir contra decisiones como la entrada en prisión o registros. De esta manera, se busca encontrar un equilibrio entre la independencia del fiscal y la supervisión judicial.
El proyecto prevé un cambio significativo en el papel del Fiscal General, quien tendrá un mandato de cinco años. Además, se espera que este nuevo modelo permita una mayor eficiencia en las investigaciones penales y una mayor coordinación entre los poderes del Estado.
En cuanto a la fecha de su aprobación, fuentes confidenciales indican que el Consejo de Ministros discutirá el Anteproyecto durante un encuentro programado para este martes.