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La Oficina del Defensor del Pueblo está reclamando urgentemente al Gobierno soluciones ante el recorte de apoyos a personas con discapacidad intelectual tras la Ley 8/2021. Este grupo de personas, muchas con grandes necesidades de apoyo económico, se enfrenta a un grave problema debido a la pérdida de beneficios económicos y sociales.
La reforma introducida en la mencionada ley buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, pero ha generado efectos colaterales. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una "incapacitación judicial" técnica, lo que ha menoscabado su protección en comparación con el escenario previo a 2021.
En respuesta a esta situación, Plena Inclusión España y Liber presentaron una queja en mayo de 2024. La Oficina del Defensor del Pueblo ha decidido elevar su actuación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para resolver el bloqueo interministerial que está perjudicando la protección social y fiscal de estas personas.
El objetivo es garantizar una cobertura real y evitar que las personas con discapacidad pierdan derechos consolidados por el simple hecho de haber actualizado su régimen de apoyos. La presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, explica la importancia de esta acción: "Tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/21 acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias".
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales propone asimilar beneficios no solo a las curatelas representativas, sino también a las ordinarias. Esta medida sería la única forma de garantizar una cobertura real y evitar que las personas con discapacidad pierdan derechos consolidados.
Ante la falta de acuerdo entre los distintos departamentos ministeriales, la Oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado una nueva vía de mediación dirigida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta acción es clave para evitar que la reforma legal recorten la protección social y fiscal de estas personas y garantizar su derecho a vivir con dignidad.
La reforma introducida en la mencionada ley buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, pero ha generado efectos colaterales. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una "incapacitación judicial" técnica, lo que ha menoscabado su protección en comparación con el escenario previo a 2021.
En respuesta a esta situación, Plena Inclusión España y Liber presentaron una queja en mayo de 2024. La Oficina del Defensor del Pueblo ha decidido elevar su actuación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para resolver el bloqueo interministerial que está perjudicando la protección social y fiscal de estas personas.
El objetivo es garantizar una cobertura real y evitar que las personas con discapacidad pierdan derechos consolidados por el simple hecho de haber actualizado su régimen de apoyos. La presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, explica la importancia de esta acción: "Tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/21 acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias".
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales propone asimilar beneficios no solo a las curatelas representativas, sino también a las ordinarias. Esta medida sería la única forma de garantizar una cobertura real y evitar que las personas con discapacidad pierdan derechos consolidados.
Ante la falta de acuerdo entre los distintos departamentos ministeriales, la Oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado una nueva vía de mediación dirigida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta acción es clave para evitar que la reforma legal recorten la protección social y fiscal de estas personas y garantizar su derecho a vivir con dignidad.