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El caso González Amador, inicialmente un procedimiento rutinario como cualquier otro de delitos económicos, se convirtió en un asunto político cuando salieron a la luz las conexiones con Isabel Díaz Ayuso. El fiscal Julián Salto reconoce haber gestionado antes otras conformidades con el abogado de González Amador, pero le sorprendió el repentino interés de la Fiscalía cuando se supo que el administrador de la empresa investigada mantenía una relación con la presidenta madrileña.
La información sobre la vinculación con Ayuso no estaba incluida en el expediente. La fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, le comunicó a Salto que un periodista se había puesto en contacto con la Fiscalía preguntando si tenían un procedimiento abierto sobre la empresa del novio de Díaz Ayuso. Esto desencadenó el procedimiento de dación de cuentas o rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, nega conocer información previa sobre el caso y afirma que no sabía que la presidenta madrileña tenía pareja ni que un periodista le había consultado sobre el tema. Sin embargo, Diego Villafañe, quien activó el procedimiento de dación de cuentas, ha explicado que la causa fue saber que la persona denunciada era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El sistema de dación de cuentas utilizado por la Fiscalía es difuso y carece de regulaciones claras. Villafañe admite que la regulación es parca y que solo hay dos preceptos sin desarrollo reglamentario. Las carpetas compartidas de la Fiscalía tienen acceso a 499 personas, incluyendo fiscales fallecidos o en excedencia.
El contraste entre la normalidad inicial y la posterior movilización ha quedado patente en varios testimonios. Lastra ha relatado cómo Salto le comentó informalmente que el caso "iba a acabar en una conformidad" y que él ya habían tenido conversaciones con el abogado Neira, sin anticipar la tormenta que se avecinaba.
El juicio plantea la pregunta de si la transformación del expediente rutinario en una crisis institucional justifica las actuaciones posteriores o si evidencia una vulneración de la confidencialidad de las negociaciones judiciales por motivos ajenos al procedimiento. El apellido Ayuso fue el detonante que convirtió un fraude fiscal en un terremoto a todos los niveles.
La información sobre la vinculación con Ayuso no estaba incluida en el expediente. La fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, le comunicó a Salto que un periodista se había puesto en contacto con la Fiscalía preguntando si tenían un procedimiento abierto sobre la empresa del novio de Díaz Ayuso. Esto desencadenó el procedimiento de dación de cuentas o rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, nega conocer información previa sobre el caso y afirma que no sabía que la presidenta madrileña tenía pareja ni que un periodista le había consultado sobre el tema. Sin embargo, Diego Villafañe, quien activó el procedimiento de dación de cuentas, ha explicado que la causa fue saber que la persona denunciada era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El sistema de dación de cuentas utilizado por la Fiscalía es difuso y carece de regulaciones claras. Villafañe admite que la regulación es parca y que solo hay dos preceptos sin desarrollo reglamentario. Las carpetas compartidas de la Fiscalía tienen acceso a 499 personas, incluyendo fiscales fallecidos o en excedencia.
El contraste entre la normalidad inicial y la posterior movilización ha quedado patente en varios testimonios. Lastra ha relatado cómo Salto le comentó informalmente que el caso "iba a acabar en una conformidad" y que él ya habían tenido conversaciones con el abogado Neira, sin anticipar la tormenta que se avecinaba.
El juicio plantea la pregunta de si la transformación del expediente rutinario en una crisis institucional justifica las actuaciones posteriores o si evidencia una vulneración de la confidencialidad de las negociaciones judiciales por motivos ajenos al procedimiento. El apellido Ayuso fue el detonante que convirtió un fraude fiscal en un terremoto a todos los niveles.