LatinoEnLínea
Well-known member
Un nuevo marco para la cotización: una garantía de derechos en el futuro
El sistema público de Seguridad Social ha experimentado una transformación profunda entre 2021 y 2023, resultante de acuerdos sociales que buscan reforzar su sostenibilidad y hacerlo más justo. Esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo garantizar la protección de las pensiones y prestaciones para las generaciones actuales y futuras hasta 2050.
Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las medidas implementadas en ese período han incrementado la pensión media y la tasa de reemplazo, además de fortalecer el sistema público. En particular, se ha trabajado para desarrollar un modelo más equitativo entre las personas autónomas, donde lo que se busca es actualizar las bases de cotización para que en 2032 todos paguen según sus ingresos reales.
Pero es importante recordar que las personas autónomas no pagan tributo, sino una contribución directa al sistema público que garantiza prestaciones como la jubilación, la maternidad y paternidad, la incapacidad o el cese de actividad. El tipo de cotización es fijo, pero lo que se debate ahora es cómo deben actualizarse las bases para alcanzar el objetivo acordado.
En 2018, una persona autónoma pagaba como mínimo 283,30 euros al mes, independientemente de sus ingresos. La propuesta actual del Gobierno establece una cuota de 217,37 euros a partir de 2026, lo que no superará la cifra de 2018 hasta 2030.
Sin embargo, hay un problema de fondo: se confunden el sistema impositivo con las contribuciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones no son un impuesto, sino una aportación que cada persona realiza para su propia protección. Cotizar poco o no cotizar significa que cuando llegue la hora de la verdad, no habrá prestación suficiente.
¿Queremos que una madre cobre su prestación de maternidad sobre una base insuficiente de cotización? ¿O que una persona jubilada perciba una pensión calculada sobre bases que no reflejan su esfuerzo y trayectoria? Quien aporta por debajo de lo que realmente gana obtiene, inevitablemente, prestaciones más bajas.
Este problema tiene que ver con cotizar según los ingresos reales, y eso es precisamente la senda que hemos comprometido hasta 2032. Esto es una cuestión ideológica: o se refuerza un sistema público de Seguridad Social igualitario y redistributivo, o se deja espacio a los sistemas privados que solo protegen a quienes pueden pagarlos.
El modelo de cotización por ingresos reales beneficia a todas las personas autónomas, especialmente a quienes menos ganan. Este es el gran diferencia entre un sistema solidario y otro basado en la capacidad de pago.
No es casual que muchos colectivos reclamen ahora incorporarse al RETA (Red de Empresarios y Trabajadores Autónomos). Han comprobado que solo el sistema público asegura dignidad y estabilidad. Por eso, cuando algunos intentan deslegitimar la reforma hablando de "sablazos", es importante recordar que los autónomos con menos ingresos pagan hoy menos que nunca, mientras que aquellos que más ganan deben empezar a contribuir en proporción a sus rendimientos.
La AIReF estima que el nuevo modelo incrementará la suficiencia y sostenibilidad del sistema hasta 2050. La pregunta es: ¿queremos una Seguridad Social fuerte, solidaria y sostenible? O prefiriéramos un modelo de "cada uno a lo suyo", donde quien puede pagarse un plan privado lo hace, y quien no puede se queda sin protección? Ese modelo ya lo conocemos. Y no queremos volver a él.
El sistema público de Seguridad Social ha experimentado una transformación profunda entre 2021 y 2023, resultante de acuerdos sociales que buscan reforzar su sostenibilidad y hacerlo más justo. Esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo garantizar la protección de las pensiones y prestaciones para las generaciones actuales y futuras hasta 2050.
Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las medidas implementadas en ese período han incrementado la pensión media y la tasa de reemplazo, además de fortalecer el sistema público. En particular, se ha trabajado para desarrollar un modelo más equitativo entre las personas autónomas, donde lo que se busca es actualizar las bases de cotización para que en 2032 todos paguen según sus ingresos reales.
Pero es importante recordar que las personas autónomas no pagan tributo, sino una contribución directa al sistema público que garantiza prestaciones como la jubilación, la maternidad y paternidad, la incapacidad o el cese de actividad. El tipo de cotización es fijo, pero lo que se debate ahora es cómo deben actualizarse las bases para alcanzar el objetivo acordado.
En 2018, una persona autónoma pagaba como mínimo 283,30 euros al mes, independientemente de sus ingresos. La propuesta actual del Gobierno establece una cuota de 217,37 euros a partir de 2026, lo que no superará la cifra de 2018 hasta 2030.
Sin embargo, hay un problema de fondo: se confunden el sistema impositivo con las contribuciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones no son un impuesto, sino una aportación que cada persona realiza para su propia protección. Cotizar poco o no cotizar significa que cuando llegue la hora de la verdad, no habrá prestación suficiente.
¿Queremos que una madre cobre su prestación de maternidad sobre una base insuficiente de cotización? ¿O que una persona jubilada perciba una pensión calculada sobre bases que no reflejan su esfuerzo y trayectoria? Quien aporta por debajo de lo que realmente gana obtiene, inevitablemente, prestaciones más bajas.
Este problema tiene que ver con cotizar según los ingresos reales, y eso es precisamente la senda que hemos comprometido hasta 2032. Esto es una cuestión ideológica: o se refuerza un sistema público de Seguridad Social igualitario y redistributivo, o se deja espacio a los sistemas privados que solo protegen a quienes pueden pagarlos.
El modelo de cotización por ingresos reales beneficia a todas las personas autónomas, especialmente a quienes menos ganan. Este es el gran diferencia entre un sistema solidario y otro basado en la capacidad de pago.
No es casual que muchos colectivos reclamen ahora incorporarse al RETA (Red de Empresarios y Trabajadores Autónomos). Han comprobado que solo el sistema público asegura dignidad y estabilidad. Por eso, cuando algunos intentan deslegitimar la reforma hablando de "sablazos", es importante recordar que los autónomos con menos ingresos pagan hoy menos que nunca, mientras que aquellos que más ganan deben empezar a contribuir en proporción a sus rendimientos.
La AIReF estima que el nuevo modelo incrementará la suficiencia y sostenibilidad del sistema hasta 2050. La pregunta es: ¿queremos una Seguridad Social fuerte, solidaria y sostenible? O prefiriéramos un modelo de "cada uno a lo suyo", donde quien puede pagarse un plan privado lo hace, y quien no puede se queda sin protección? Ese modelo ya lo conocemos. Y no queremos volver a él.