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En una medida que busca reforzar el espíritu del Real Decreto-ley 10/2025, el Ministerio de Consumo ha abierto una investigación a gran escala para determinar si existen empresas que promocionen viajes a territorios palestinos ocupados desde el prestigioso exponente de turismo en Madrid. Se trata de una iniciativa que responde directamente al orden del gobierno que prohíbe la publicidad de bienes y servicios provenientes de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.
Según fuentes dentro del ministerio, se está investigando si varias empresas están ofreciendo vacaciones a lugares como Jericó, ubicada en Cisjordania, que es una zona con intensa presencia militar y colonos judíos. En caso de confirmarse esta información, estas prácticas serían consideradas publicidad ilícita bajo el artículo 4 del citado decreto-ley.
En julio, el ministro Pablo Bustinduy adelantó que su departamento "pondría todos los recursos necesarios" para garantizar que no haya empresas en España que se beneficien de la situación palestina. Aunque aún no se ha revelado qué compañías están bajo el escrutinio o cuándo habrá una comunicación oficial sobre los resultados, parece claro que esta investigación busca castigar las prácticas más flagrantes y proteger a la población palestina.
Este esfuerzo se inserta en un contexto de creciente tensión política entre España y Israel. En diciembre, el ministerio ya había tomado medidas para retirar ofertas de alojamiento vacacional provenientes de territorios palestinos ocupados, aunque no reveló nombres específicos. Ahora, parece que la investigación tiene como objetivo identificar a las empresas que incumplen esta norma y castigarse adecuadamente.
Se trata de una medida que refleja el compromiso del gobierno con el bienestar de la población palestina y su rechazo a apoyar directamente la ocupación israelí en cualquier forma.
Según fuentes dentro del ministerio, se está investigando si varias empresas están ofreciendo vacaciones a lugares como Jericó, ubicada en Cisjordania, que es una zona con intensa presencia militar y colonos judíos. En caso de confirmarse esta información, estas prácticas serían consideradas publicidad ilícita bajo el artículo 4 del citado decreto-ley.
En julio, el ministro Pablo Bustinduy adelantó que su departamento "pondría todos los recursos necesarios" para garantizar que no haya empresas en España que se beneficien de la situación palestina. Aunque aún no se ha revelado qué compañías están bajo el escrutinio o cuándo habrá una comunicación oficial sobre los resultados, parece claro que esta investigación busca castigar las prácticas más flagrantes y proteger a la población palestina.
Este esfuerzo se inserta en un contexto de creciente tensión política entre España y Israel. En diciembre, el ministerio ya había tomado medidas para retirar ofertas de alojamiento vacacional provenientes de territorios palestinos ocupados, aunque no reveló nombres específicos. Ahora, parece que la investigación tiene como objetivo identificar a las empresas que incumplen esta norma y castigarse adecuadamente.
Se trata de una medida que refleja el compromiso del gobierno con el bienestar de la población palestina y su rechazo a apoyar directamente la ocupación israelí en cualquier forma.