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Un caso de corrupción que duró 12 años sin resultados. El juzgado de instrucción número 3 de Almería ha decidido sobresear y archivar la pieza principal del caso Hispano Almería, que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
La jueza Ana Belén Vico consideró que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos como el blanqueo de capitales, la prevaricación, el cohecho y la malversación de caudales públicos. La fiscalía había solicitado el archivo de la pieza principal después de una década de investigación.
El caso comenzó en 2014 con recibís, facturas y una libreta de anillas que fueron encontradas en un contenedor de basura y que indicaban pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga realizó un informe policial que detectó "irregularidades" en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque también apuntaba "la falta de documentación en varios de estos expedientes".
La jueza concluyó que no se ha podido acreditar que hubieran sido irregularidades graves en la contratación o que se hubieran obtenido comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para favorecer a las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas.
El caso es otro ejemplo de cómo la justicia puede no lograr encontrar pruebas concretas de corrupción en los niveles políticos y administrativos.
La jueza Ana Belén Vico consideró que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos como el blanqueo de capitales, la prevaricación, el cohecho y la malversación de caudales públicos. La fiscalía había solicitado el archivo de la pieza principal después de una década de investigación.
El caso comenzó en 2014 con recibís, facturas y una libreta de anillas que fueron encontradas en un contenedor de basura y que indicaban pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga realizó un informe policial que detectó "irregularidades" en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque también apuntaba "la falta de documentación en varios de estos expedientes".
La jueza concluyó que no se ha podido acreditar que hubieran sido irregularidades graves en la contratación o que se hubieran obtenido comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para favorecer a las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas.
El caso es otro ejemplo de cómo la justicia puede no lograr encontrar pruebas concretas de corrupción en los niveles políticos y administrativos.