"La riada que cambió la forma de operar la justicia valenciana"
En las últimas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha visto obligado a replantear su protocolo para enfrentar emergencias de gran envergadura. La dana del pasado 29 de octubre fue el catalizador que hizo necesario un nuevo enfoque, según declaró César Calvé, juez decano de Valencia.
La riada dejó una huella imborrable en todos los ámbitos de la sociedad valenciana, incluyendo la justicia. Los partidos judiciales afectados por la dana se vieron obligados a replantear sus operaciones y a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento del sistema judicial. En algunos casos, se tuvieron que habilitar zonas de emergencia en edificios como la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El juez Calvé destacó que ante una situación tan extrema, "quién no va a implicarse". Los voluntarios que acudieron a ayudar a desconocidos fueron un ejemplo para todos. También se valoró el trabajo de los jueces y funcionarios que se mantuvieron en sus puestos y garantizaron la continuidad del servicio.
La dana también afectó a algunos juzgados, como los de Catarroja, Torrent o Requena. En estos casos, se tuvieron que adoptar medidas especiales para mantener el servicio de guardia y dar solución a las situaciones de saqueos. La sede del juzgado de guardia de Catarroja fue incluso habilitada en la Ciudad de la Justicia.
La experiencia vivida durante la riada ha sido "muy impactante" para Calvé, quien subrayó que es difícil deslindar lo personal cuando se trabaja en situaciones de emergencia. La justicia valenciana ya se ha acostumbrado a las videoconferencias y este mecanismo ha demostrado ser eficaz para dar respuesta a los detenidos.
El juez Calvé también destacó la necesidad de actualizar y aprobar un nuevo protocolo del TSJCV. La dana abarcó gran parte de la provincia valenciana y dejó consecuencias personales y materiales. El pasado octubre ya tuvieron que aplicar este nuevo protocolo ante una alerta roja, y funcionaron bien.
El nuevo protocolo regula cuestiones como el cierre de edificios judiciales ante emergencia o catástrofe, competencias y supuestos. La prioridad sigue siendo salvaguardar la integridad de las personas y evitar riesgos innecesarios.
En las últimas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha visto obligado a replantear su protocolo para enfrentar emergencias de gran envergadura. La dana del pasado 29 de octubre fue el catalizador que hizo necesario un nuevo enfoque, según declaró César Calvé, juez decano de Valencia.
La riada dejó una huella imborrable en todos los ámbitos de la sociedad valenciana, incluyendo la justicia. Los partidos judiciales afectados por la dana se vieron obligados a replantear sus operaciones y a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento del sistema judicial. En algunos casos, se tuvieron que habilitar zonas de emergencia en edificios como la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El juez Calvé destacó que ante una situación tan extrema, "quién no va a implicarse". Los voluntarios que acudieron a ayudar a desconocidos fueron un ejemplo para todos. También se valoró el trabajo de los jueces y funcionarios que se mantuvieron en sus puestos y garantizaron la continuidad del servicio.
La dana también afectó a algunos juzgados, como los de Catarroja, Torrent o Requena. En estos casos, se tuvieron que adoptar medidas especiales para mantener el servicio de guardia y dar solución a las situaciones de saqueos. La sede del juzgado de guardia de Catarroja fue incluso habilitada en la Ciudad de la Justicia.
La experiencia vivida durante la riada ha sido "muy impactante" para Calvé, quien subrayó que es difícil deslindar lo personal cuando se trabaja en situaciones de emergencia. La justicia valenciana ya se ha acostumbrado a las videoconferencias y este mecanismo ha demostrado ser eficaz para dar respuesta a los detenidos.
El juez Calvé también destacó la necesidad de actualizar y aprobar un nuevo protocolo del TSJCV. La dana abarcó gran parte de la provincia valenciana y dejó consecuencias personales y materiales. El pasado octubre ya tuvieron que aplicar este nuevo protocolo ante una alerta roja, y funcionaron bien.
El nuevo protocolo regula cuestiones como el cierre de edificios judiciales ante emergencia o catástrofe, competencias y supuestos. La prioridad sigue siendo salvaguardar la integridad de las personas y evitar riesgos innecesarios.