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El principal investigador policial del caso Villarejo, Gonzalo Fraga, ha declarado que el comisario se refería a Javier López Madrid como "cliente" en documentos incautados durante su detención, pero que no hallaron pagos. Esto contrasta con las acusaciones presentadas por la doctora Elisa Pinto, quien afirma que Villarejo fue contratado para acosarla.
Fraga ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos realizados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo. También ha destacado algunas anotaciones en relación con los hechos que se juzgan, como una anotación del 4 de septiembre de 2013, donde Villarejo escribe "10 a cuenta".
La fiscalía popular solicita seis años para López Madrid y cuatro para Redondo, el socio de este. Sin embargo, Fraga ha admitido que no hay prueba del encargo de Villarejo por parte de López Madrid, lo que significa que el juicio no entrará al fondo del asunto.
El caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios.
En este contexto, López Madrid niega que contratara al comisario Villarejo para acosar a Elisa Pinto, pero afirma que quería que alguien le escuchara. La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
En resumen, el juicio se centra en la contratación del comisario Villarejo por parte de López Madrid, lo que generó acusaciones de cohecho activo y pasivo. Sin embargo, no hay prueba del encargo de Villarejo por parte de López Madrid, lo que significa que el juicio no entrará al fondo del asunto.
Fraga ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos realizados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo. También ha destacado algunas anotaciones en relación con los hechos que se juzgan, como una anotación del 4 de septiembre de 2013, donde Villarejo escribe "10 a cuenta".
La fiscalía popular solicita seis años para López Madrid y cuatro para Redondo, el socio de este. Sin embargo, Fraga ha admitido que no hay prueba del encargo de Villarejo por parte de López Madrid, lo que significa que el juicio no entrará al fondo del asunto.
El caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios.
En este contexto, López Madrid niega que contratara al comisario Villarejo para acosar a Elisa Pinto, pero afirma que quería que alguien le escuchara. La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
En resumen, el juicio se centra en la contratación del comisario Villarejo por parte de López Madrid, lo que generó acusaciones de cohecho activo y pasivo. Sin embargo, no hay prueba del encargo de Villarejo por parte de López Madrid, lo que significa que el juicio no entrará al fondo del asunto.