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El dinero de la UE se dilapidó en Canarias en una gran cantidad de gastos inesperados. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha revelado que cuatro directores y un empresario canario imputados por blanqueo de capitales habrían desviado más de 2,5 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.
Estos fondos destinados a la manutención y atención de niños y niñas inmigrantes ilegales en centros de menas en Gran Canaria y Lanzarote se utilizaron para comprar medicamentos para tratar la disfunción eréctil, como la Viagra; tratamientos de belleza antiarrugas; alquiler de vehículos; vacaciones; comida; gasolina.
La investigación ha mostrado que se extrajeron más de 1,1 millones de euros en efectivo y se han detectado transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares para gastos como operaciones de estética; alquiler de vehículos y vacaciones.
Además, la investigación ha revelado un entramado de alquileres. El empresario imputado, propietario de los inmuebles, habría utilizado sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban su valor de mercado.
La Policía ha identificado facturas duplicadas e incluso triplicadas y documentos sin fechas y servicios no identificados apuntando a una manipulación contable sistemática y deliberada para encubrir el desvío de fondos.
El dinero se gastó en un total de más de 2,5 millones de euros.
Estos fondos destinados a la manutención y atención de niños y niñas inmigrantes ilegales en centros de menas en Gran Canaria y Lanzarote se utilizaron para comprar medicamentos para tratar la disfunción eréctil, como la Viagra; tratamientos de belleza antiarrugas; alquiler de vehículos; vacaciones; comida; gasolina.
La investigación ha mostrado que se extrajeron más de 1,1 millones de euros en efectivo y se han detectado transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares para gastos como operaciones de estética; alquiler de vehículos y vacaciones.
Además, la investigación ha revelado un entramado de alquileres. El empresario imputado, propietario de los inmuebles, habría utilizado sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban su valor de mercado.
La Policía ha identificado facturas duplicadas e incluso triplicadas y documentos sin fechas y servicios no identificados apuntando a una manipulación contable sistemática y deliberada para encubrir el desvío de fondos.
El dinero se gastó en un total de más de 2,5 millones de euros.