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Polonia busca arrestar al ex ministro de Justicia Ziobro, acusado de desviar fondos para espionaje en Europa.
El fiscalía polaca ha solicitado una prisión preventiva para el ex ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, quien se encuentra en Hungría y niega someterse a la justicia de su país. Este político ha sido acusado de desviar 150 millones de zlotys (35 millones de euros) del Fondo de Justicia para financiar el sistema Pegasus de espionaje.
Ziobro fue responsable del desmantelamiento del estado de Derecho durante su tiempo como ministro de Justicia, y se le acusa de haber utilizado el dinero del fondo para financiar la compra de el software Pegasus, que se utilizó para espiar a empresarios, políticos y periodistas contrarios a sus ideas nacionalpopulistas.
El caso ha sido investigado por una comisión especial del Senado y, en la actual legislatura del Sejm, por una comisión investigadora designada para tal fin. Ziobro se negó a comparecer a declarar, argumentando que su adjunto había tomado la decisión correcta al aprobar la compra de Pegasus.
El caso ha sido polémico y ha generado críticas hacia el gobierno polaco, quien ha sido acusado de cometer "caza de brujas" contra Ziobro. El ex ministro de Justicia también ha sido comparado con Carles Puigdemont, líder de Junts, quien se refugió en un país de la UE para evitar la justicia.
La fiscalía polaca ha solicitado una prisión preventiva para Ziobro, lo que podría llevar a la orden de detención europea. La defensa de Ziobro asegura que el ex ministro no se esconde y está dispuesto a declarar en Bruselas o Budapest, pero la fiscalía exige que sea en Polonia.
El caso ha sido ampliamente cubierto en los medios, y muchos políticos y ciudadanos polacos han expresado su sorpresa y descontento con el comportamiento de Ziobro. El viceprimer ministro Władysław Kosiniak-Kamysz ha asegurado que la responsabilidad de Ziobro es tanto política como penal, y que tarde o temprano se enfrentará al sistema judicial polaco.
En general, el caso de Ziobro ha generado un debate sobre la corrupción y la falta de rendición de cuentas en la política polaca, y ha llevado a algunos a cuestionar la viabilidad del sistema democrático en el país.
El fiscalía polaca ha solicitado una prisión preventiva para el ex ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, quien se encuentra en Hungría y niega someterse a la justicia de su país. Este político ha sido acusado de desviar 150 millones de zlotys (35 millones de euros) del Fondo de Justicia para financiar el sistema Pegasus de espionaje.
Ziobro fue responsable del desmantelamiento del estado de Derecho durante su tiempo como ministro de Justicia, y se le acusa de haber utilizado el dinero del fondo para financiar la compra de el software Pegasus, que se utilizó para espiar a empresarios, políticos y periodistas contrarios a sus ideas nacionalpopulistas.
El caso ha sido investigado por una comisión especial del Senado y, en la actual legislatura del Sejm, por una comisión investigadora designada para tal fin. Ziobro se negó a comparecer a declarar, argumentando que su adjunto había tomado la decisión correcta al aprobar la compra de Pegasus.
El caso ha sido polémico y ha generado críticas hacia el gobierno polaco, quien ha sido acusado de cometer "caza de brujas" contra Ziobro. El ex ministro de Justicia también ha sido comparado con Carles Puigdemont, líder de Junts, quien se refugió en un país de la UE para evitar la justicia.
La fiscalía polaca ha solicitado una prisión preventiva para Ziobro, lo que podría llevar a la orden de detención europea. La defensa de Ziobro asegura que el ex ministro no se esconde y está dispuesto a declarar en Bruselas o Budapest, pero la fiscalía exige que sea en Polonia.
El caso ha sido ampliamente cubierto en los medios, y muchos políticos y ciudadanos polacos han expresado su sorpresa y descontento con el comportamiento de Ziobro. El viceprimer ministro Władysław Kosiniak-Kamysz ha asegurado que la responsabilidad de Ziobro es tanto política como penal, y que tarde o temprano se enfrentará al sistema judicial polaco.
En general, el caso de Ziobro ha generado un debate sobre la corrupción y la falta de rendición de cuentas en la política polaca, y ha llevado a algunos a cuestionar la viabilidad del sistema democrático en el país.