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Un trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) se enfrenta a 37 meses de suspensión de empleo y sueldo, equivalentes a tres años, por supuesta inadecuación en sus labores. La decisión fue tomada después de que el trabajador, C.T., denunció daños irreversibles causados por la nueva climatización del edificio donde se encuentra el archivo fotográfico de la Corona de Espinas.
Según fuentes cercanas al sindicato del trabajador, la suspensión es una consecuencia directa de las "denuncias de corrupción" presentadas por C.T. en relación con la obra de climatización que afectó a los archivos y provocó daños irreversibles. El trabajador no tiene intención de abandonar su puesto de trabajo y ha cumplido 67 años.
La investigación que llevó al expediente disciplinario reveló una serie de irregularidades, incluyendo la certificación de que las obras eran correctas para poder cobrar a las empresas involucradas. Según el texto del expediente, se certificó que "todo estaba bien en el acta de recepción de la obra de climatización" para poder cobrar a las tres empresas principales: Elecnor Infraestructuras, Hydra Ingeniería y Urcotex.
La subdirectora general del IPCE, Susana Alcalde Amieva, ya no ocupa su cargo en el organismo. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se ha trasladado a la Consejería de Cultura del Gobierno regional para ocupar un puesto en la Subdirección General de Patrimonio Histórico.
El trabajador, C.T., también presentó una denuncia por "corrupción y prevaricación" contra los directivos del IPCE por las mismas obras. En su caso, la fiscalía acreditó que se incurrió en un caso de acoso laboral, aunque el expediente de C.T. fue desestimado.
El trabajador ha solicitado protección urgente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante debido al expediente disciplinario y las irregularidades detectadas durante la investigación.
Según fuentes cercanas al sindicato del trabajador, la suspensión es una consecuencia directa de las "denuncias de corrupción" presentadas por C.T. en relación con la obra de climatización que afectó a los archivos y provocó daños irreversibles. El trabajador no tiene intención de abandonar su puesto de trabajo y ha cumplido 67 años.
La investigación que llevó al expediente disciplinario reveló una serie de irregularidades, incluyendo la certificación de que las obras eran correctas para poder cobrar a las empresas involucradas. Según el texto del expediente, se certificó que "todo estaba bien en el acta de recepción de la obra de climatización" para poder cobrar a las tres empresas principales: Elecnor Infraestructuras, Hydra Ingeniería y Urcotex.
La subdirectora general del IPCE, Susana Alcalde Amieva, ya no ocupa su cargo en el organismo. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se ha trasladado a la Consejería de Cultura del Gobierno regional para ocupar un puesto en la Subdirección General de Patrimonio Histórico.
El trabajador, C.T., también presentó una denuncia por "corrupción y prevaricación" contra los directivos del IPCE por las mismas obras. En su caso, la fiscalía acreditó que se incurrió en un caso de acoso laboral, aunque el expediente de C.T. fue desestimado.
El trabajador ha solicitado protección urgente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante debido al expediente disciplinario y las irregularidades detectadas durante la investigación.