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El juicio del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo es un escenario único, donde la séptima autoridad del Estado se enfrenta a acusaciones de revelación de secretos. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha sido acusado de defraudar a Hacienda, pero el verdadero drama radica en el manejo por parte del fiscal general de información reservada.
Todo empezó cuando el empresario González Amador le comentó al jefe de gabinete de su pareja sentimental que tenía abierta una inspección de Hacienda. La situación se complicó cuando el jefe del fiscal de delitos económicos Julián Salto, quien por reparto le correspondió la denuncia de Hacienda contra González Amador, le sacaron del estadio Metropolitano mientras el Atlético de Madrid jugaba un partido de Champions contra el Inter de Milán. Lo que los magistrados del Supremo están buscando es si el fiscal general filtró información reservada sobre el empresario.
El tribunal está presidido por magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Manuel Marchena, Ana Ferrer y Susana Polo. La defensa de García Ortiz ha solicitado que se le permita no sentarse en el banquillo de acusados, sino junto a sus abogados.
El juicio es una especie de "Liga de Campeones" donde el Estado juzga al Estado, y la ciudadanía española asiste con interés. La situación es complicada, ya que se entremezclan testimonios, correos, mensajes y publicaciones periodísticas que contribuyen a oscurecer una causa oscura.
El caso del empresario González Amador está relacionado con la investigación de irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia. El fiscal general ha sido acusado de filtración, pero su defensa argumenta que no reveló información reservada.
El juez Hurtado consideró que la información a la que dio publicidad la Cadena SER esa noche no había sido desvelada previamente y que fue ahí cuando se cometió la revelación de secretos al publicarse datos privados. La declaración más esperada es la del propio fiscal general Álvaro García Ortiz, prevista para el miércoles.
En este juicio, el Estado sigue jugando su partido, con el resultado todavía por determinar. El caso pone en cuestión el modo de actuar de la Fiscalía y expone las costuras internas del organismo. La ciudadanía española se preocupa por saber si el fiscal general ha cometido un delito al dar publicidad a información reservada o si simplemente no reveló nada que no hubiera sido ya revelado.
Todo empezó cuando el empresario González Amador le comentó al jefe de gabinete de su pareja sentimental que tenía abierta una inspección de Hacienda. La situación se complicó cuando el jefe del fiscal de delitos económicos Julián Salto, quien por reparto le correspondió la denuncia de Hacienda contra González Amador, le sacaron del estadio Metropolitano mientras el Atlético de Madrid jugaba un partido de Champions contra el Inter de Milán. Lo que los magistrados del Supremo están buscando es si el fiscal general filtró información reservada sobre el empresario.
El tribunal está presidido por magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Manuel Marchena, Ana Ferrer y Susana Polo. La defensa de García Ortiz ha solicitado que se le permita no sentarse en el banquillo de acusados, sino junto a sus abogados.
El juicio es una especie de "Liga de Campeones" donde el Estado juzga al Estado, y la ciudadanía española asiste con interés. La situación es complicada, ya que se entremezclan testimonios, correos, mensajes y publicaciones periodísticas que contribuyen a oscurecer una causa oscura.
El caso del empresario González Amador está relacionado con la investigación de irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia. El fiscal general ha sido acusado de filtración, pero su defensa argumenta que no reveló información reservada.
El juez Hurtado consideró que la información a la que dio publicidad la Cadena SER esa noche no había sido desvelada previamente y que fue ahí cuando se cometió la revelación de secretos al publicarse datos privados. La declaración más esperada es la del propio fiscal general Álvaro García Ortiz, prevista para el miércoles.
En este juicio, el Estado sigue jugando su partido, con el resultado todavía por determinar. El caso pone en cuestión el modo de actuar de la Fiscalía y expone las costuras internas del organismo. La ciudadanía española se preocupa por saber si el fiscal general ha cometido un delito al dar publicidad a información reservada o si simplemente no reveló nada que no hubiera sido ya revelado.
. Si le dicen que filtró información reservada, ¿por qué está defendiendo su honor y afirmando que solo hizo lo correcto? La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad, pero parece que el Estado quiere ocultarla 
. Estoy ansioso por escuchar las declaraciones del fiscal general y saber qué ha pasado con los datos de Hacienda. ¿Por qué el fiscal general no se sentó en el banquillo de acusados? ¿Es porque sabe que está en problemas? La situación es demasiado confusa, como un torbellino 
. Espero que la justicia haga su trabajo y no nos engañen con historias de "no sabía" o "fue un error". ¡Quiero la verdad!
Ese caso es una locura total, ¿quién decide filtrar información reservada? La Fiscalía está en el centro de todo esto y nadie sabe qué les está pasando por los ojos. Me parece que el fiscal general está siendo acusado de algo sin pruebas, ¿cómo se va a demostrar eso? Me da mucha confianza que la justicia funcione correctamente, pero si no es así... 
Me preocupa que la situación pueda llevar a una especie de "fuga" del fiscal general y que se le acuse de algo que no hizo.
La situación es complicada, pero también hay que reconocer que la Fiscalía está en un momento difícil, porque su comportamiento ha sido llamado a cuestionar. 
Es cierto que González Amador y su pareja pueden estar en problemas, pero el verdadero drama es cómo se manejan los secretos en el Estado. 
Deberíamos preguntarnos si el fiscal general se comió un delito al dar publicidad a información reservada o simplemente no reveló nada nuevo. La verdad es que nadie sabe exactamente qué pasó, pero lo que sí sabemos es que la ciudadanía está interesada en saberlo. 
¡Es como si el Estado estuviera jugando a "¿Quién es el mejor?"! El fiscal general se enfrenta a acusaciones de filtración de información reservada, pero ¿quién está detrás del escenario? 
La verdad es que todos están con los pies en la mesa. 
Además, ¿por qué se ha sacado al fiscal de delitos económicos del caso cuando él mismo estaba involucrado en la investigación? Esto parece más un juego político que una justicia verdadera. 
El fiscal general está en problemas por filtrar información reservada y la situación es muy complicada. No sé si se le va a culpar de revelar secretos o no, pero una cosa es segura: el Estado está demostrando que incluso los altos funcionarios pueden ser corruptos. 
