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Una pareja alemana se enfrenta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears por montar un centro de cría clandestino de tortugas protegidas. La investigación, bautizada como "operación Coahuila", ha llevado a la incautación de más de 1.100 ejemplares de distintas especies y más de 750 huevos.
La Guardia Civil considera que el criadero ilegal es uno de los mayores operativos contra el tráfico ilegal de tortugas en Europa. La finca, ubicada en Llucmajor (Mallorca), incluía varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.
Los acusados se enfrentan a cargos de contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión y indemnizaciones que superan los 200.000 euros. Uno de los acusados, propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, se enfrenta a dos años de cárcel por su presunta implicación en la venta de los animales.
La investigación reveló que las tortugas se alimentaban con ratones congelados y que el criadero estaba bien organizado. El Ministerio Público subraya que la pareja involucrada puso en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas.
El caso tiene un valor económico estimado en medio millón de euros, aunque el origen y adquisición legal de los ejemplares no ha quedado acreditado. Los animales intervenidos fueron depositados en las instalaciones de la Fundación Natura Parc, que ha ido informando periódicamente sobre los gastos derivados del mantenimiento de los ejemplares.
El juicio encarará su recta final la próxima semana con las declaraciones de los acusados y los informes de las partes.
La Guardia Civil considera que el criadero ilegal es uno de los mayores operativos contra el tráfico ilegal de tortugas en Europa. La finca, ubicada en Llucmajor (Mallorca), incluía varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.
Los acusados se enfrentan a cargos de contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión y indemnizaciones que superan los 200.000 euros. Uno de los acusados, propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, se enfrenta a dos años de cárcel por su presunta implicación en la venta de los animales.
La investigación reveló que las tortugas se alimentaban con ratones congelados y que el criadero estaba bien organizado. El Ministerio Público subraya que la pareja involucrada puso en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas.
El caso tiene un valor económico estimado en medio millón de euros, aunque el origen y adquisición legal de los ejemplares no ha quedado acreditado. Los animales intervenidos fueron depositados en las instalaciones de la Fundación Natura Parc, que ha ido informando periódicamente sobre los gastos derivados del mantenimiento de los ejemplares.
El juicio encarará su recta final la próxima semana con las declaraciones de los acusados y los informes de las partes.