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El presidente Donald Trump ha lanzado una dura crítica a los dirigentes demócratas de Minnesota, acusándolos de obstaculizar deliberadamente el trabajo de los agentes federales de inmigración. En medio del escalante choque institucional tras la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense asesinada en Mineápolis durante un operativo de ICE, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey han sido incluidos como sospechosos en una investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia.
Según fuentes federales, la fiscalía examina si las declaraciones públicas de los dos políticos podrían haber encajado en un supuesto de conspiración para interferir en investigaciones o actuaciones federales. Sin embargo, tanto Walz como Frey han denunciado que no recibieron notificación oficial alguna y han reprochado el uso político del aparato judicial.
El propio Trump ha lanzado una retórica agresiva, acusando a los dirigentes demócratas de alentar protestas y poner en riesgo a los agentes federales. Ha asegurado que intervendrá en el estado para frenar las movilizaciones contra ICE, prometiendo resolver la situación "de forma rápida y eficaz".
La tensión institucional se ha visto agravada por la demanda del fiscal general de Minnesota, quien sostiene que el refuerzo de agentes federales constituye una invasión federal inconstitucional y vulnera la soberanía del estado. Mientras tanto, una jueza federal ha impuesto restricciones a la actuación de los agentes de inmigración, prohibiendo represalias contra protestas pacíficas y el uso de herramientas de dispersión.
En este contexto, algunos críticos han interpretado el intento de Trump de centrar el relato en la supuesta obstrucción de los demócratas a los operativos de inmigración como un esfuerzo por desviar la atención de las preguntas sobre la conducta del propio Gobierno federal y de los agentes de inmigración implicados en la muerte de Good.
Según fuentes federales, la fiscalía examina si las declaraciones públicas de los dos políticos podrían haber encajado en un supuesto de conspiración para interferir en investigaciones o actuaciones federales. Sin embargo, tanto Walz como Frey han denunciado que no recibieron notificación oficial alguna y han reprochado el uso político del aparato judicial.
El propio Trump ha lanzado una retórica agresiva, acusando a los dirigentes demócratas de alentar protestas y poner en riesgo a los agentes federales. Ha asegurado que intervendrá en el estado para frenar las movilizaciones contra ICE, prometiendo resolver la situación "de forma rápida y eficaz".
La tensión institucional se ha visto agravada por la demanda del fiscal general de Minnesota, quien sostiene que el refuerzo de agentes federales constituye una invasión federal inconstitucional y vulnera la soberanía del estado. Mientras tanto, una jueza federal ha impuesto restricciones a la actuación de los agentes de inmigración, prohibiendo represalias contra protestas pacíficas y el uso de herramientas de dispersión.
En este contexto, algunos críticos han interpretado el intento de Trump de centrar el relato en la supuesta obstrucción de los demócratas a los operativos de inmigración como un esfuerzo por desviar la atención de las preguntas sobre la conducta del propio Gobierno federal y de los agentes de inmigración implicados en la muerte de Good.