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El campo español estalla en protesta contra el recorte del 22% del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) que prevé el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) convocan a las movilizaciones por todo el territorio nacional, con más de 25 provincias afectadas.
El secretario general de UPA, Cristobal Cano, explica que las protestas se producen "como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo". El recorte en la PAC es visto como un ataque al sector agrícola, mientras que los acuerdos comerciales con otros países se perciben como una amenaza a la competitividad del sector español.
La Unión Europea propone asignar 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034 para la PAC, pero el ajuste europeo supondría un recorte de 877,5 millones de euros en España, lo que impactaría negativamente en los instrumentos de la PAC.
El campo español teme que este aperturismo se traduzca en una competencia desigual. Las organizaciones agrarias reclaman que los productos que entren de terceros países hagan bajo los mismos estándares que se aplican internamente. La Comisión Europea ha anunciado su intención de avanzar en acuerdos con otras potencias, como India.
El acuerdo UE-Mercosur es otro punto de conflicto. El Parlamento Europeo decidió denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que paraliza el proceso de ratificación hasta que Luxemburgo se pronuncie. Las organizaciones agrarias reclaman que no se active provisionalmente la parte comercial mientras el TJUE analiza su encaje legal.
El sector agrario pide que las instituciones comunitarias respeten la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y que no se actúe provisionalmente la parte comercial, ya que esto "desvirtúa una resolución democrática" adoptada por una Cámara claramente dividida.
El secretario general de UPA, Cristobal Cano, explica que las protestas se producen "como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo". El recorte en la PAC es visto como un ataque al sector agrícola, mientras que los acuerdos comerciales con otros países se perciben como una amenaza a la competitividad del sector español.
La Unión Europea propone asignar 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034 para la PAC, pero el ajuste europeo supondría un recorte de 877,5 millones de euros en España, lo que impactaría negativamente en los instrumentos de la PAC.
El campo español teme que este aperturismo se traduzca en una competencia desigual. Las organizaciones agrarias reclaman que los productos que entren de terceros países hagan bajo los mismos estándares que se aplican internamente. La Comisión Europea ha anunciado su intención de avanzar en acuerdos con otras potencias, como India.
El acuerdo UE-Mercosur es otro punto de conflicto. El Parlamento Europeo decidió denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que paraliza el proceso de ratificación hasta que Luxemburgo se pronuncie. Las organizaciones agrarias reclaman que no se active provisionalmente la parte comercial mientras el TJUE analiza su encaje legal.
El sector agrario pide que las instituciones comunitarias respeten la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y que no se actúe provisionalmente la parte comercial, ya que esto "desvirtúa una resolución democrática" adoptada por una Cámara claramente dividida.