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Un tribunal de once magistrados, integrado por una mayoría conservadora, ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus cómplices, Isabel Díaz Ayuso y otros cuyo nombre no se ha revelado. El fiscal general queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general y tiene que pagar 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Entre los jueces que han coincidido en condenar al fiscal general está el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien presidió la Sala de lo Penal hasta su destitución recientemente. También están los magistrados Manuel Marchena y Juan Ramón Berdugo, quienes se adscriben a una sensibilidad conservadora. El propio presidente del CGPJ es otro de los jueces que ha condenado al fiscal general.
Por el contrario, dos jueces han discrepado en la condena: Susana Polo y Ana Ferrer, que son magistradas progresistas. La sentencia se conocerá en los próximos días y el contenido será relevante para entender el motivo de la condena del fiscal general.
En particular, Susana Polo fue la ponente del auto que abrió una causa al fiscal general del Estado, aunque no coincidió en condenarlo. Ha sido magistrada encargada de escribir la sentencia que falla sobre Álvaro García Ortiz, pero ha tenido que declarar a su presidente, Andrés Martínez Arrieta. Su defensa se centrará en argumentar que el fiscal general no cometió ningún delito.
Ana Ferrer, por otra parte, fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal y ha sido magistrada encargada de escribir la sentencia que falla sobre Álvaro García Ortiz. Fue una de las jueces firmadoras de un voto particular en contra de la condena del juez Francisco Serrano, acusado de prevaricación. Su defensa de la absolución para el fiscal general se centrará en argumentar que las pruebas presentadas no son suficientes.
Las claves de esta condena son complejas y tendrán implicaciones políticas y sociales importantes. Entre los motivos del fallo se encuentra la filtración de una confesión del fiscal general por parte de sus cómplices. La investigación y el juicio al fiscal general fueron iniciados en 2019, tras una denuncia presentada contra él por un grupo de cientos de personas que afirmaban haber sido victimas de una supuesta red de lavado de dinero por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia de la Sala Segunda del Supremo, que no se ha publicado aún, condena al fiscal general junto a sus cómplices y confirma que fueron las víctimas que denunciaron el fraude.
Entre los jueces que han coincidido en condenar al fiscal general está el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien presidió la Sala de lo Penal hasta su destitución recientemente. También están los magistrados Manuel Marchena y Juan Ramón Berdugo, quienes se adscriben a una sensibilidad conservadora. El propio presidente del CGPJ es otro de los jueces que ha condenado al fiscal general.
Por el contrario, dos jueces han discrepado en la condena: Susana Polo y Ana Ferrer, que son magistradas progresistas. La sentencia se conocerá en los próximos días y el contenido será relevante para entender el motivo de la condena del fiscal general.
En particular, Susana Polo fue la ponente del auto que abrió una causa al fiscal general del Estado, aunque no coincidió en condenarlo. Ha sido magistrada encargada de escribir la sentencia que falla sobre Álvaro García Ortiz, pero ha tenido que declarar a su presidente, Andrés Martínez Arrieta. Su defensa se centrará en argumentar que el fiscal general no cometió ningún delito.
Ana Ferrer, por otra parte, fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal y ha sido magistrada encargada de escribir la sentencia que falla sobre Álvaro García Ortiz. Fue una de las jueces firmadoras de un voto particular en contra de la condena del juez Francisco Serrano, acusado de prevaricación. Su defensa de la absolución para el fiscal general se centrará en argumentar que las pruebas presentadas no son suficientes.
Las claves de esta condena son complejas y tendrán implicaciones políticas y sociales importantes. Entre los motivos del fallo se encuentra la filtración de una confesión del fiscal general por parte de sus cómplices. La investigación y el juicio al fiscal general fueron iniciados en 2019, tras una denuncia presentada contra él por un grupo de cientos de personas que afirmaban haber sido victimas de una supuesta red de lavado de dinero por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia de la Sala Segunda del Supremo, que no se ha publicado aún, condena al fiscal general junto a sus cómplices y confirma que fueron las víctimas que denunciaron el fraude.