LatinoCurioso
Well-known member
La Fundación Nacional Francisco Franco, creada en 1976 con más de 200 socios fundadores en honor al dictador, ha estado rodeada de controversia desde su creación. La entidad define a sí misma como una "institución cultural" sin pretensión política o partidista, pero sus objetivos y actividades han sido objeto de crítica.
Según sus estatutos, la fundación tiene cuatro grandes objetivos: difundir el "legado y la obra de Francisco Franco" en su dimensión humana, militar y política; promover el estudio y conocimiento sobre el período en que Franco estuvo al poder; fomentar la educación, la investigación científica y técnica, así como otras actividades culturales; y defender estos objetivos ante medios de comunicación o administraciones públicas.
La fundación ha tenido tres presidentes: Carmen Franco Polo, la hija del dictador, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco, y el actual presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega. Este exmilitar tiene un pasado en la Armada y ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Defensa.
La actividad de la fundación se financia con las aportaciones de más de un millar de afiliados, aunque no se conoce cuánto cuestan. La entidad también recibió subvenciones públicas de 150.843,82 euros entre 2000 y 2004 para "microfilmar y digitalizar el archivo Francisco Franco". Este archivo es su gran activo, compuesto por alrededor de 30.000 documentos relacionados con la historia de España y del período de la guerra civil y la dictadura.
Sin embargo, el Gobierno ha comunicado que abrirá el proceso para pedir la extinción de la fundación, argumentando que sus actividades son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente. La fundación no persigue fines de interés general y sus acciones "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".
El Gobierno pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un "prisma negacionista" y que niegan o aminoran el alcance de la represión. También esgrime alusiones públicas de miembros de la entidad a "la mal llamada ley de memoria histórica" y a la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".
La fundación defiende su permanencia, argumentando que está amparada por la Constitución, que garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión. Sin embargo, el Gobierno considera que toma como punto de partida unos estatutos que no están vigentes porque "fueron modificados" y "están ya obsoletos".
				
			Según sus estatutos, la fundación tiene cuatro grandes objetivos: difundir el "legado y la obra de Francisco Franco" en su dimensión humana, militar y política; promover el estudio y conocimiento sobre el período en que Franco estuvo al poder; fomentar la educación, la investigación científica y técnica, así como otras actividades culturales; y defender estos objetivos ante medios de comunicación o administraciones públicas.
La fundación ha tenido tres presidentes: Carmen Franco Polo, la hija del dictador, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco, y el actual presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega. Este exmilitar tiene un pasado en la Armada y ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Defensa.
La actividad de la fundación se financia con las aportaciones de más de un millar de afiliados, aunque no se conoce cuánto cuestan. La entidad también recibió subvenciones públicas de 150.843,82 euros entre 2000 y 2004 para "microfilmar y digitalizar el archivo Francisco Franco". Este archivo es su gran activo, compuesto por alrededor de 30.000 documentos relacionados con la historia de España y del período de la guerra civil y la dictadura.
Sin embargo, el Gobierno ha comunicado que abrirá el proceso para pedir la extinción de la fundación, argumentando que sus actividades son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente. La fundación no persigue fines de interés general y sus acciones "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".
El Gobierno pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un "prisma negacionista" y que niegan o aminoran el alcance de la represión. También esgrime alusiones públicas de miembros de la entidad a "la mal llamada ley de memoria histórica" y a la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".
La fundación defiende su permanencia, argumentando que está amparada por la Constitución, que garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión. Sin embargo, el Gobierno considera que toma como punto de partida unos estatutos que no están vigentes porque "fueron modificados" y "están ya obsoletos".