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Álvaro García Ortiz, el ex fiscal general del Estado, cuyo destino en la cárcel es incierto, puede disfrutar de una segunda oportunidad. La ventanilla de la Justicia ya ha iniciado el trámite legal para indultarlo y lo más probable es que el Gobierno de Feliciano de Haro lo conceda. Para ello, debe presentar una petición formal en la que solicita un indulto total por las penas impuestas.
La ley establece que el indulto puede ser concedido si se cumplen los requisitos genéricos de justicia, equidad y utilidad pública, pero es el Gobierno quien decide si concurren estas razones. El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite legal tras recibir la petición de indulto del ex fiscal general.
El Supremo Tribunal también debe emitir su informe en este caso. La sede judicial debe informar sobre la situación de la causa y el condenado, así como sobre "su conducta posterior y, especialmente, las pruebas o indicios de su arrepentimiento". Además, el tribunal también deberá informar si el indulto perjudica a terceros.
La maquinaria judicial ya se ha puesto en marcha. El ministro de Justicia llevará al Consejo de Ministros la propuesta de indulto y no hay plazos establecidos para presentarla. La ley marca que una vez recibida la petición, el Ministerio de Justicia debe tramitarla, pero no está condicionada por los informes emitidos.
El ex fiscal general tiene varias vías legales a las que puede recurrir. Su defensa ha presentado un incidente de nulidad en el Supremo, un recurso extraordinario que rara vez se estima pero que es necesario como paso previo para solicitar amparo al Tribunal Constitucional.
La petición de indulto al ex fiscal general tiene un antecedente importante. El pasado junio del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez le concedió a Oriol Junqueras y otros nueve condenados penas de prisión por liderar el proceso independentista catalán. En ese caso, Moncloa actuó con los informes en contra del Supremo y de los fiscales del "procés". El Ejecutivo les indultó únicamente las penas de cárcel.
En este caso, la Abogacía del Estado ha eludido posicionarse. El Gobierno ha concedido el indulto argumentando razones de utilidad pública, considerando que la excarcelación de los líderes del "procés" podría reportar más beneficios que su continuidad entre rejas.
La ley establece que el indulto puede ser concedido si se cumplen los requisitos genéricos de justicia, equidad y utilidad pública, pero es el Gobierno quien decide si concurren estas razones. El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite legal tras recibir la petición de indulto del ex fiscal general.
El Supremo Tribunal también debe emitir su informe en este caso. La sede judicial debe informar sobre la situación de la causa y el condenado, así como sobre "su conducta posterior y, especialmente, las pruebas o indicios de su arrepentimiento". Además, el tribunal también deberá informar si el indulto perjudica a terceros.
La maquinaria judicial ya se ha puesto en marcha. El ministro de Justicia llevará al Consejo de Ministros la propuesta de indulto y no hay plazos establecidos para presentarla. La ley marca que una vez recibida la petición, el Ministerio de Justicia debe tramitarla, pero no está condicionada por los informes emitidos.
El ex fiscal general tiene varias vías legales a las que puede recurrir. Su defensa ha presentado un incidente de nulidad en el Supremo, un recurso extraordinario que rara vez se estima pero que es necesario como paso previo para solicitar amparo al Tribunal Constitucional.
La petición de indulto al ex fiscal general tiene un antecedente importante. El pasado junio del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez le concedió a Oriol Junqueras y otros nueve condenados penas de prisión por liderar el proceso independentista catalán. En ese caso, Moncloa actuó con los informes en contra del Supremo y de los fiscales del "procés". El Ejecutivo les indultó únicamente las penas de cárcel.
En este caso, la Abogacía del Estado ha eludido posicionarse. El Gobierno ha concedido el indulto argumentando razones de utilidad pública, considerando que la excarcelación de los líderes del "procés" podría reportar más beneficios que su continuidad entre rejas.