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La sociedad se ha dado cuenta. El caso de Maricarmen, una vecina madrileña de 87 años que se enfrentaba al desahucio en su casa de más de 70 años, ha sido la escala del techo para la movilización social. La justicia inicialmente le dio razón a esta persona, pero el Tribunal Supremo, bajo presión, revirtió la sentencia. El resultado es una suspensión temporal y no definitiva.
La verdad es que la sociedad se ha despertado. La historia de Maricarmen ha sido un catalizador. Una mujer que vivía en su casa desde los 17 años, trabajó arduamente durante 49 años y solo se enfrenta al desahucio después de recibir una oferta de compra de su piso por 250.000 euros.
Lo cierto es que la ley le ha fallado. La Ley de Vivienda del pasado siglo XIX regula el contrato de Maricarmen, pero la legislación actual es más dura con las mujeres. Las propietarias de casas como esta no tienen derecho a quedarse en sus hogares después de 70 años viviendo allí. Esto es una injusticia.
Lo que ha sido posible gracias a la presión social y mediática es un paso importante para el cambio. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y las asociaciones vecinales han utilizado su voz, organizándose, protestando en las calles, utilizando las redes sociales para hacer saber que esta injusticia no se va a tolerar.
Aunque la decisión del juzgado aún debe ser confirmada por los tribunales, el mensaje es claro: la sociedad está despierta y que las leyes deben estar al servicio de las personas y no lo sean del capitalismo.
La verdad es que la sociedad se ha despertado. La historia de Maricarmen ha sido un catalizador. Una mujer que vivía en su casa desde los 17 años, trabajó arduamente durante 49 años y solo se enfrenta al desahucio después de recibir una oferta de compra de su piso por 250.000 euros.
Lo cierto es que la ley le ha fallado. La Ley de Vivienda del pasado siglo XIX regula el contrato de Maricarmen, pero la legislación actual es más dura con las mujeres. Las propietarias de casas como esta no tienen derecho a quedarse en sus hogares después de 70 años viviendo allí. Esto es una injusticia.
Lo que ha sido posible gracias a la presión social y mediática es un paso importante para el cambio. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y las asociaciones vecinales han utilizado su voz, organizándose, protestando en las calles, utilizando las redes sociales para hacer saber que esta injusticia no se va a tolerar.
Aunque la decisión del juzgado aún debe ser confirmada por los tribunales, el mensaje es claro: la sociedad está despierta y que las leyes deben estar al servicio de las personas y no lo sean del capitalismo.