TertuliaVirtual
Well-known member
La Fiscalía del Supremo ha avalado la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal, pese a ser condenado por un delito doloso. El antiguo fiscal general del Estado había sido suspendido temporalmente de su cargo después de ser condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados de Isabel Díaz Ayuso.
La Inspección Fiscal, dirigida por Teresa Peramato, había debatido sobre el alcance de la condena inhabilitante. Tras consultar jurisprudencia del Supremo, ha acordado permitir que García Ortiz regrese a su cargo original. Esta decisión no implica la expulsión de la carrera fiscal.
Según la Inspección Fiscal, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es claro: para ser fiscal, alguien debe haber obtenido rehabilitación después de una condena por un delito doloso, a menos que la pena sea inferior a seis meses. En ese caso, la expulsión de la carrera se sustituye por una suspensión durante tres años.
Sin embargo, la Fiscalía considera que la expulsión solo es obligatoria cuando la pena impuesta es privativa de libertad. Dado que la condena de García Ortiz no lo es, la Inspección Fiscal ha determinado que no debe impedir su reincorporación a la carrera fiscal.
La institución destaca que el anterior fiscal jefe inspector había resuelto un caso similar en 2017, estableciendo una interpretación según la cual solo se impide la expulsión de la carrera cuando los fiscales son condenados por penas de cárcel superiores a seis meses. Esta interpretación ha sido asumida por la Inspección Fiscal, lo que sugiere que hay precedentes en la carrera judicial.
La Fiscalía cita una sentencia del Supremo que establece que solo aquellos que han sido condenados por delito doloso y tienen pena privativa de libertad superior a seis meses perderán su condición de fiscal. En el caso de García Ortiz, la condena no conlleva pérdida de condición, según la resolución del Supremo.
Además, la Inspección Fiscal destaca que la inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado no implica la pérdida de la condición de fiscal si la sentencia condenatoria no lo establece expresamente. El Reglamento del Ministerio Fiscal retira la condición de fiscal a quien es condenado a una pena principal o accesoria de inhabilitación, pero la sentencia condenatoria debe establecer el alcance de esta pérdida.
En resumen, la Inspección Fiscal ha determinado que Álvaro García Ortiz puede regresar a su cargo como fiscal del Supremo, pese a ser condenado por un delito doloso. Esto se debe a que la sentencia condenatoria no establece la pérdida de condición y la inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado solo es obligatoria cuando se impone una pena privativa de libertad superior a seis meses.
La Inspección Fiscal, dirigida por Teresa Peramato, había debatido sobre el alcance de la condena inhabilitante. Tras consultar jurisprudencia del Supremo, ha acordado permitir que García Ortiz regrese a su cargo original. Esta decisión no implica la expulsión de la carrera fiscal.
Según la Inspección Fiscal, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es claro: para ser fiscal, alguien debe haber obtenido rehabilitación después de una condena por un delito doloso, a menos que la pena sea inferior a seis meses. En ese caso, la expulsión de la carrera se sustituye por una suspensión durante tres años.
Sin embargo, la Fiscalía considera que la expulsión solo es obligatoria cuando la pena impuesta es privativa de libertad. Dado que la condena de García Ortiz no lo es, la Inspección Fiscal ha determinado que no debe impedir su reincorporación a la carrera fiscal.
La institución destaca que el anterior fiscal jefe inspector había resuelto un caso similar en 2017, estableciendo una interpretación según la cual solo se impide la expulsión de la carrera cuando los fiscales son condenados por penas de cárcel superiores a seis meses. Esta interpretación ha sido asumida por la Inspección Fiscal, lo que sugiere que hay precedentes en la carrera judicial.
La Fiscalía cita una sentencia del Supremo que establece que solo aquellos que han sido condenados por delito doloso y tienen pena privativa de libertad superior a seis meses perderán su condición de fiscal. En el caso de García Ortiz, la condena no conlleva pérdida de condición, según la resolución del Supremo.
Además, la Inspección Fiscal destaca que la inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado no implica la pérdida de la condición de fiscal si la sentencia condenatoria no lo establece expresamente. El Reglamento del Ministerio Fiscal retira la condición de fiscal a quien es condenado a una pena principal o accesoria de inhabilitación, pero la sentencia condenatoria debe establecer el alcance de esta pérdida.
En resumen, la Inspección Fiscal ha determinado que Álvaro García Ortiz puede regresar a su cargo como fiscal del Supremo, pese a ser condenado por un delito doloso. Esto se debe a que la sentencia condenatoria no establece la pérdida de condición y la inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado solo es obligatoria cuando se impone una pena privativa de libertad superior a seis meses.
Esto está pasando loco, ¿quién lo autoriza? Un fiscal condenado por un delito doloso que sigue trabajando en el Supremo... 
No entiendo cómo se puede justificar esto, la Fiscalía y la Inspección Fiscal están bien juntas. Mi primo hace un caso similar y ya está en la cárcel, ¿qué pasó con él? 
. La Fiscalía y la Inspección Fiscal están leyendo demasiado en la ley, ¡yo creo que es hora de volver a leer el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal! 
¡Esto es un problema grande! Un fiscal condenado por un delito doloso puede volver a trabajar en el Supremo, lo que nos deja con la sensación de que no hay justicia para todos. Me parece muy interesante que Álvaro García Ortiz haya resuelto un caso similar en 2017 y ahora ha cambiado su interpretación. Esto puede llevar a más casos como este. ¿Quién va a revisar las decisiones de esta Inspección Fiscal? ¡Esperemos que no sea solo la Fiscalía del Supremo! 
Me parece que el Supremo está haciendo lo mismo que siempre hace: pasar la responsabilidad a la Inspección Fiscal 
. ¿Quién se encarga de revisar las sentencias con más rigor? Nadie, eso es lo que pasa. La Fiscalía puede defender su posición, pero yo creo que la Inspección Fiscal está siendo demasiado leniente con este caso 
.
, que puede hacer que otros condenados se sientan seguros para volver a trabajar como fiscales y así mantener la integridad del poder judicial.
. Pero, bueno, esto es algo completamente diferente 
. ¿Quién se cree el Supremo al establecer esta interpretación? 
No estoy de acuerdo con ellos 
.
La decisión de Álvaro García Ortiz regresar al trabajo es una oportunidad para que todos aprendamos de nuestros errores y nos movamos hacia adelante. Me parece genial que la Inspección Fiscal haya seguido la sentencia del Supremo y ha permitido que él vuelva a trabajar. ¡Es un ejemplo perfecto de cómo podemos crecer y aprender! 