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Mónica García anuncia que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y prepara una nueva norma para principios de 2026 que limitara la colaboración entre empresas con ánimo de lucro.
Esta ley, ampliamente criticada, ha sido objeto de controversia desde su promulgación en 1997, ya que permite a las empresas privadas participar en el sistema sanitario público, lo que algunos critican como una forma de comercializar la salud y priorizar los intereses económicos sobre la atención médica adecuada.
En su lugar, la ministra propone una nueva norma que "ponga coto" al ánimo de lucro y proteja frente a fondos de inversión y depredación del sistema sanitario español. Esto significa que las empresas privadas no podrían obtener beneficios económicos de sus servicios en el sistema público, lo que podría llevar a una mayor eficiencia y equidad en la atención médica.
Además, García ha admitido que esta nueva norma "claramente" no permitirá el modelo de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz de seleccionar pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad.
La ministra lamenta que se haya "pervertido" la colaboración público-privada en una "parásita" y busca abordar el problema de las listas de espera en los hospitales públicos. Insiste en que la Comunidad de Madrid debe investigar lo ocurrido en Quirón y otros hospitales privados que ofrecen servicios de salud a pacientes que buscan atención pública, ya que se cree que hay una connivencia entre la Consejería de Sanidad y estas empresas.
En este sentido, ha señalado que la Comunidad Madrid sale bien en las listas de espera quirúrgica, pero no en las de consultas ni diagnósticos. La ministra asegura que el sistema de lista de espera es "un engaño" que se puede maquillar con estadísticas, y que las personas que esperan más de seis meses por una prueba o operación son víctimas de un sistema inadmisible.
La propuesta de Mónica García busca restaurar la equidad y eficiencia en el sistema sanitario público, y promover una atención médica adecuada y gratuita para todos los ciudadanos.
Esta ley, ampliamente criticada, ha sido objeto de controversia desde su promulgación en 1997, ya que permite a las empresas privadas participar en el sistema sanitario público, lo que algunos critican como una forma de comercializar la salud y priorizar los intereses económicos sobre la atención médica adecuada.
En su lugar, la ministra propone una nueva norma que "ponga coto" al ánimo de lucro y proteja frente a fondos de inversión y depredación del sistema sanitario español. Esto significa que las empresas privadas no podrían obtener beneficios económicos de sus servicios en el sistema público, lo que podría llevar a una mayor eficiencia y equidad en la atención médica.
Además, García ha admitido que esta nueva norma "claramente" no permitirá el modelo de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz de seleccionar pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad.
La ministra lamenta que se haya "pervertido" la colaboración público-privada en una "parásita" y busca abordar el problema de las listas de espera en los hospitales públicos. Insiste en que la Comunidad de Madrid debe investigar lo ocurrido en Quirón y otros hospitales privados que ofrecen servicios de salud a pacientes que buscan atención pública, ya que se cree que hay una connivencia entre la Consejería de Sanidad y estas empresas.
En este sentido, ha señalado que la Comunidad Madrid sale bien en las listas de espera quirúrgica, pero no en las de consultas ni diagnósticos. La ministra asegura que el sistema de lista de espera es "un engaño" que se puede maquillar con estadísticas, y que las personas que esperan más de seis meses por una prueba o operación son víctimas de un sistema inadmisible.
La propuesta de Mónica García busca restaurar la equidad y eficiencia en el sistema sanitario público, y promover una atención médica adecuada y gratuita para todos los ciudadanos.
¿Qué pasó con la salud pública? 
El ánimo de lucro, ¡qué cosa más divertida! 
️
La atención médica no es un negocio... ¡o es que sí? 
Creo que esta decisión del gobierno es un paso en la dirección correcta, pero no voy a celebrar todavía. La colaboración público-privada siempre ha sido una forma de corromper el sistema y priorizar las ganancias sobre la atención médica adecuada. 
. La ministra García tiene razón, el modelo de Alzira y Torrejón no puede seguir así, y es hora de que se proteja la salud pública 
. Sin embargo, también creo que se debe investigar más a fondo las connivencias entre la Consejería de Sanidad y los hospitales privados, porque eso es algo que no debería pasar nunca 
. En fin, creo que esta propuesta de ley es un buen comienzo para restaurar la confianza en nuestro sistema sanitario y asegurar que todos tengan acceso a atención médica adecuada y gratuita.
, era super rica, pero tengo una pregunta, ¿cómo se hace para comprarla sin que se me quite el reloj? siempre es el mismo problema, después de pagar con tarjeta o efectivo.
en nuestro sistema de salud. Aunque entiendo la preocupación, no sé si esta nueva norma va a funcionar, especialmente con esas empresas que están como una mano de pescador 
y mi hijo ya es un niño de 4 años 
. La verdad es que esta ley y la nueva propuesta de Mónica García me han dado mucha rabia 
. Como madre, no quiero que mis hijos estén expuestos a un sistema sanitario que solo beneficia a las empresas con ánimo de lucro 
.