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Los trabajadores del centro de menores La Purísima exigieron ayer una respuesta de la consejería de Políticas Sociales y Salud Pública después de que el contrato con la empresa pública Tragsatec se renovara por un año más. La CGT y la CSIF Melilla acompañaron a los trabajadores en su concentración, denunciando la "descarada" concesión del servicio, que según ellos es intolerable.
El secretario de Organización de la CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, acusó al gobierno regional de no escuchar a los trabajadores. En declaraciones a los medios, Montenegro dijo que "le ha tocado la lotería" recibir ese contrato con un presupuesto de 8,3 millones de euros, cuando se trata de una empresa pública que debería estar ajena a todo tipo de lucro.
Montenegro denunció que las condiciones sociolaborales y económicas de los trabajadores se están limitando y que el servicio se sigue ofreciendo inadecuadamente a los menores. También criticó la falta de transparencia en la gestión del contrato, lo que hace que los trabajadores estén "sobrados" con 2,3 millones de euros.
Además, Montenegro recordó que los trabajadores no han recibido una subida salarial desde el año 2023 y que Tragsa sostiene que no se puede aplicar la IV y V convenio colectivo debido a que el servicio está gestionado por una empresa pública. Sin embargo, Montenegro argumentó que las tablas salariales de Tragsa son las mismas que cuando empezó a gestionar el centro.
El presidente de CSIF Melilla, Luis Escobar, lamentó la "bunkerización" de la consejería de Políticas Sociales y Salud Pública después de múltiples peticiones de reunión por parte del sindicato. Escobar apeló directamente al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, para abrir un proceso de diálogo con los trabajadores de La Purísima.
Escobar recordó que en momentos en los que el centro acogía a 1.000 menores, la plantilla era de 170 trabajadores y que este número puede llegar a aumentar, lo que hace necesario ofrecer una asistencia mínima de calidad a los menores. También subrayó que el gobierno regional no ha escuchado las peticiones de los trabajadores y que se están pasando tres kilómetros para obtener respuesta.
En general, la concentración de los trabajadores en La Purísima fue por parte de una serie de problemas, como la ausencia de personal de cocina, la falta de mantenimiento de las instalaciones del centro y la saturación del sistema. También destacaron que el contrato con Tragsatec entró en vigor el 11 de diciembre del año pasado y se acaba de renovar por un año más sin ninguna mejora significativa.
El secretario de Organización de la CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, acusó al gobierno regional de no escuchar a los trabajadores. En declaraciones a los medios, Montenegro dijo que "le ha tocado la lotería" recibir ese contrato con un presupuesto de 8,3 millones de euros, cuando se trata de una empresa pública que debería estar ajena a todo tipo de lucro.
Montenegro denunció que las condiciones sociolaborales y económicas de los trabajadores se están limitando y que el servicio se sigue ofreciendo inadecuadamente a los menores. También criticó la falta de transparencia en la gestión del contrato, lo que hace que los trabajadores estén "sobrados" con 2,3 millones de euros.
Además, Montenegro recordó que los trabajadores no han recibido una subida salarial desde el año 2023 y que Tragsa sostiene que no se puede aplicar la IV y V convenio colectivo debido a que el servicio está gestionado por una empresa pública. Sin embargo, Montenegro argumentó que las tablas salariales de Tragsa son las mismas que cuando empezó a gestionar el centro.
El presidente de CSIF Melilla, Luis Escobar, lamentó la "bunkerización" de la consejería de Políticas Sociales y Salud Pública después de múltiples peticiones de reunión por parte del sindicato. Escobar apeló directamente al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, para abrir un proceso de diálogo con los trabajadores de La Purísima.
Escobar recordó que en momentos en los que el centro acogía a 1.000 menores, la plantilla era de 170 trabajadores y que este número puede llegar a aumentar, lo que hace necesario ofrecer una asistencia mínima de calidad a los menores. También subrayó que el gobierno regional no ha escuchado las peticiones de los trabajadores y que se están pasando tres kilómetros para obtener respuesta.
En general, la concentración de los trabajadores en La Purísima fue por parte de una serie de problemas, como la ausencia de personal de cocina, la falta de mantenimiento de las instalaciones del centro y la saturación del sistema. También destacaron que el contrato con Tragsatec entró en vigor el 11 de diciembre del año pasado y se acaba de renovar por un año más sin ninguna mejora significativa.