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Los socios de izquierda presionan al gobierno para que mantenga la moratoria antidesahucios. Tras una serie de contactos intensos con la mayoría de los partidos del Grupo de las Naciones y las Comunidades (GNc), el Ejecutivo busca encauzar la negociación sobre la revalorización de las pensiones, la prórroga del escudo social y, en particular, la protección contra los desahucios para personas vulnerables. La medida, que ha sido objeto de críticas tanto de la extrema derecha independentista como de otros partidos, ampara a más de 70.000 familias.
El portavoz del Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtaun, ha asegurado que su coalición trabajará para lograr una negociación "lo antes posible" con el PSOE. Según Urtaun, la línea de su partido es que las medidas se vayan todas, pero siempre sin poner en cuestión la protección a las familias.
No obstante, el gobierno se arriesga a aprobar de nuevo una subida de la tasa del desahucio si no consigue los apoyos necesarios. Sin los apoyos atados, el decreto puede ser derrogado en el Congreso y la subida vuelve a salir derrotada.
La situación es delicada y se considera que la negociación es "a muchas bandas". Las conversaciones continuarán durante todo lunes para concretar el contenido del nuevo decreto. Sin embargo, Moncloa todavía no sabe si la medida irá finalmente aprobada en el Consejo de Ministros.
La moratoria contra los desahucios protege a las familias vulnerables que tienen un contrato de alquiler en vigor pero no pueden hacer frente al importe a final de mes. El decreto también incluye un fondo de compensación para los caseros que no puedan desahuciar a los inquilinos.
El partido Podemos ha instado al gobierno a mantener la protección contra las personas vulnerables y ha propuesto que el Consejo de Ministros apruebe cada mes este decreto. El portavoz del partido, Pablo Fernández, ha asegurado que "en caso de que el gobierno no quiera aprobar como mínimo debe comprometerse a pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse para evitar el desahucio de las personas que pueden ser desahuciadas en las próximas semanas".
La situación es compleja y se considera que el gobierno necesita "voluntad" para aprobar medidas efectivas. El portavoz de Podemos ha resumido la posición del partido: "Le corresponde al gobierno la fórmula que considere más efectiva y eficaz".
El portavoz del Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtaun, ha asegurado que su coalición trabajará para lograr una negociación "lo antes posible" con el PSOE. Según Urtaun, la línea de su partido es que las medidas se vayan todas, pero siempre sin poner en cuestión la protección a las familias.
No obstante, el gobierno se arriesga a aprobar de nuevo una subida de la tasa del desahucio si no consigue los apoyos necesarios. Sin los apoyos atados, el decreto puede ser derrogado en el Congreso y la subida vuelve a salir derrotada.
La situación es delicada y se considera que la negociación es "a muchas bandas". Las conversaciones continuarán durante todo lunes para concretar el contenido del nuevo decreto. Sin embargo, Moncloa todavía no sabe si la medida irá finalmente aprobada en el Consejo de Ministros.
La moratoria contra los desahucios protege a las familias vulnerables que tienen un contrato de alquiler en vigor pero no pueden hacer frente al importe a final de mes. El decreto también incluye un fondo de compensación para los caseros que no puedan desahuciar a los inquilinos.
El partido Podemos ha instado al gobierno a mantener la protección contra las personas vulnerables y ha propuesto que el Consejo de Ministros apruebe cada mes este decreto. El portavoz del partido, Pablo Fernández, ha asegurado que "en caso de que el gobierno no quiera aprobar como mínimo debe comprometerse a pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse para evitar el desahucio de las personas que pueden ser desahuciadas en las próximas semanas".
La situación es compleja y se considera que el gobierno necesita "voluntad" para aprobar medidas efectivas. El portavoz de Podemos ha resumido la posición del partido: "Le corresponde al gobierno la fórmula que considere más efectiva y eficaz".