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Hace más de tres años, el Consejo de Estado, presidido en ese momento por la presidenta Carmen Calvo, se encontraba en medio de una crisis constitucional. En mayo del año anterior, la misma institución había planteado a su principal titular que se remitiera una propuesta para reformar la Constitución española y eliminar el privilegio personal que otorga inmunidad legal al rey.
En ese momento, los políticos de entonces habían decidido desatender a esa iniciativa. El problema es que, en un proceso democrático, no hay una respuesta a la pregunta si debe continuar o descontinuar una práctica: se debe pedir la opinión pública.
En ese momento, los políticos de entonces habían decidido desatender a esa iniciativa. El problema es que, en un proceso democrático, no hay una respuesta a la pregunta si debe continuar o descontinuar una práctica: se debe pedir la opinión pública.