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En las islas Canarias, la compra de más de 12 millones de euros de mascarillas para proteger contra el covid-19 fue llevada a cabo con dudas y reservas de varios funcionarios del Gobierno. Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los trabajadores públicos expresaron reticencias sobre el pago por un material cuya idoneidad para uso médico no estaba clara.
Las comunicaciones halladas en los dispositivos incautados a Koldo García revelan que el entonces presidente de Canarias intervino para garantizar la firma de contratos de material sanitario con empresas vinculadas a Víctor de Aldama, pese a las advertencias de varios funcionarios. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mostró un interés particular en contratar a estas empresas, lo que genera preocupación sobre la transparencia y la ética de los procesos administrativos.
En este contexto, se puede cuestionar cómo se permitió la compra de mascarillas con dudas sobre su idoneidad para uso médico. La directora general del Servicio Canario de Salud expresó su inquietud ante la posibilidad de contratar material sin las debidas comprobaciones técnicas y financieras, lo que generaría una falta de transparencia en el proceso.
Es importante destacar que el caso Koldo sigue siendo un escándalo político que genera dudas sobre la gestión de recursos públicos en Canarias. La intervención del ministro Torres en la firma de contratos con empresas vinculadas a Víctor de Aldama es preocupante y debe ser investigada por las autoridades competentes.
Las comunicaciones halladas en los dispositivos incautados a Koldo García revelan que el entonces presidente de Canarias intervino para garantizar la firma de contratos de material sanitario con empresas vinculadas a Víctor de Aldama, pese a las advertencias de varios funcionarios. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mostró un interés particular en contratar a estas empresas, lo que genera preocupación sobre la transparencia y la ética de los procesos administrativos.
En este contexto, se puede cuestionar cómo se permitió la compra de mascarillas con dudas sobre su idoneidad para uso médico. La directora general del Servicio Canario de Salud expresó su inquietud ante la posibilidad de contratar material sin las debidas comprobaciones técnicas y financieras, lo que generaría una falta de transparencia en el proceso.
Es importante destacar que el caso Koldo sigue siendo un escándalo político que genera dudas sobre la gestión de recursos públicos en Canarias. La intervención del ministro Torres en la firma de contratos con empresas vinculadas a Víctor de Aldama es preocupante y debe ser investigada por las autoridades competentes.