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El fiscal general del Estado ha sido objeto de dos procesos, lo que puede parecer sorprendente. Sin embargo, es importante aclarar que ambos procesos fueron iniciados por el propio fiscal general, quien se autoimpuso la investigación.
En primer lugar, en 2019, el fiscal general fue acusado de haber avalado una nota informativa publicada por su jefa en Madrid, con el objetivo de desmentir un bulo que había difundido Miguel Ángel Rodríguez a través de El Mundo y tres medios digitales. En ese bulo se afirmaba que el fiscal general había propuesto un “pacto de conformidad” con Alberto González Amador, lo que generó gran polémica.
La cuestión era si el fiscal general estaba involucrado en el supuesto pacto o si era simplemente una figura externa. Los medios digitales no aclararon quién era "el que desde arriba" boicotaba el acuerdo, lo que generó grandes especulaciones sobre la participación de la presidencia del Gobierno.
En segundo lugar, se inició un nuevo proceso en 2022, cuando el fiscal general decidió investigar a sí mismo. Esto significa que no fue procesado por un órgano judicial externo, sino que se autoimpuso una investigación para desmantelar las acusaciones que se le habían hecho.
En ambos casos, el fiscal general está utilizando su cargo para desmentir las acusaciones y demostrar su inocencia. Es una práctica inusual en la historia del Estado español, donde a menudo los funcionarios públicos enfrentan procesos judiciales externos.
En primer lugar, en 2019, el fiscal general fue acusado de haber avalado una nota informativa publicada por su jefa en Madrid, con el objetivo de desmentir un bulo que había difundido Miguel Ángel Rodríguez a través de El Mundo y tres medios digitales. En ese bulo se afirmaba que el fiscal general había propuesto un “pacto de conformidad” con Alberto González Amador, lo que generó gran polémica.
La cuestión era si el fiscal general estaba involucrado en el supuesto pacto o si era simplemente una figura externa. Los medios digitales no aclararon quién era "el que desde arriba" boicotaba el acuerdo, lo que generó grandes especulaciones sobre la participación de la presidencia del Gobierno.
En segundo lugar, se inició un nuevo proceso en 2022, cuando el fiscal general decidió investigar a sí mismo. Esto significa que no fue procesado por un órgano judicial externo, sino que se autoimpuso una investigación para desmantelar las acusaciones que se le habían hecho.
En ambos casos, el fiscal general está utilizando su cargo para desmentir las acusaciones y demostrar su inocencia. Es una práctica inusual en la historia del Estado español, donde a menudo los funcionarios públicos enfrentan procesos judiciales externos.