LatinoPensante
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El líder de Gürtel, Francisco Correa, junto con su mano derecha Pablo Crespo y la mayoría de los acusados reconocieron los hechos en el juicio más importante del caso. Un total de 20 de los 25 acusados llegaron a un acuerdo con la fiscalía, lo que significó una reducción de sus condenas.
Correa encabezó un entramado societario y personal desde 1998 hasta 2009 para enriquecerse ilícitamente con fondos públicos. Compró contratos públicos tanto para sus empresas como para terceras, y ocultó las ganancias obtenidas con dicha actividad. La estructura empresarial utilizada por Correa se centró principalmente en la organización de eventos y viajes.
La Fiscalía Anticorrupción expuso que Correa tuvo la "connivencia" de otros acusados para armar una trama de facturas falsas con tres finalidades: sobornar a cargos públicos, reducir la base imponible en las declaraciones tributarias y encubrir al verdadero titular de los fondos. Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública.
El 'número dos' de Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procedían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y servicios prestados al mismo. La ocultación se llevó a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero.
Los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco fueron considerados cooperadores necesarios por su papel en el diseño de la defraudación. Ambos eran conscientes de que los entramados creados con finalidad de opacidad fiscal solo podían tener como objetivo defraudar a la Hacienda Pública.
El magistrado instructor también apuntó a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Se emitieron facturas para obtener el cobro, pero su contenido reflejan intervenciones que no han tenido lugar y servicios que no se han prestado.
La Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, pero la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso. La suma total de las responsabilidades pecuniarias es más de 199 millones de euros.
Correa encabezó un entramado societario y personal desde 1998 hasta 2009 para enriquecerse ilícitamente con fondos públicos. Compró contratos públicos tanto para sus empresas como para terceras, y ocultó las ganancias obtenidas con dicha actividad. La estructura empresarial utilizada por Correa se centró principalmente en la organización de eventos y viajes.
La Fiscalía Anticorrupción expuso que Correa tuvo la "connivencia" de otros acusados para armar una trama de facturas falsas con tres finalidades: sobornar a cargos públicos, reducir la base imponible en las declaraciones tributarias y encubrir al verdadero titular de los fondos. Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública.
El 'número dos' de Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procedían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y servicios prestados al mismo. La ocultación se llevó a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero.
Los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco fueron considerados cooperadores necesarios por su papel en el diseño de la defraudación. Ambos eran conscientes de que los entramados creados con finalidad de opacidad fiscal solo podían tener como objetivo defraudar a la Hacienda Pública.
El magistrado instructor también apuntó a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Se emitieron facturas para obtener el cobro, pero su contenido reflejan intervenciones que no han tenido lugar y servicios que no se han prestado.
La Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, pero la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso. La suma total de las responsabilidades pecuniarias es más de 199 millones de euros.
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. Lo importante es que algunos acusados reconocieron sus errores y aceptaron las consecuencias. Me parece que los asesores fiscales, como Luis de Miguel y Ramón Blanco, también jugaron un papel muy importante en todo esto. ¿Por qué no les otorgan el reconocimiento que merecen? 
. Pero también quiero recordar que hay personas como yo que están trabajando para cambiar esto, para crear un futuro mejor para todos.
. Y quién sabe, tal vez un día podremos mirar atrás y decir que siempre fuimos capaces de hacerlo mejor 
Me gustaría saber más sobre cómo se llegó a esta situación y quiénes fueron los culpables reales.
. ¿Es que la justicia se ha vuelto demasiado leniente? 
. La fiscalía ha pedido 77 años de prisión por cada uno de los dos cabecillas, pero el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel es un poco injusto, ¿no? 
Es un buen comienzo para que la justicia pueda continuar con sus acciones y hacer frente a la corrupción en nuestro país, aunque aún tenemos mucho trabajo por delante. Me siento un poco decepcionado de que no haya sido más severo el castigo, pero espero que los acusados paguen lo que han robado y devuelvan algo de los fondos a la Hacienda Pública 
. Y lo peor es que aún así van a salir con una buena suma de dinero, casi 200 millones 
. Pero también me preocupa pensar en los impactos a largo plazo en la sociedad... ¿estamos realmente haciendo lo suficiente para prevenir este tipo de corrupción?
Pero en serio, es importante que se castiguen los delitos de corrupción y se proteja el dinero público. Me parece justa la reducción de condenas para algunos de ellos, pero sigue siendo un gran peso las responsabilidades pecuniarias de más de 199 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha hecho un gran trabajo investigando y democstando los delitos cometidos por Correa y Crespo. Pero ¿qué pasará con el resto de los acusados que no han llegado a un acuerdo? 
